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El FMI respalda a Lagarde tras su imputación por la justicia francesa

El organismo emite un comunicado en el que muestra "su confianza en la capacidad de la directora gerente"

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió ayer viernes una nota de apoyo a su directora gerente, Christine Lagarde,ante su imputación por la justicia francesa en relación al caso Tapie. "Como hemos señalado anteriormente, sería improcedente pronunciarse sobre una causa actualmente abierta en el sistema judicial francés. Sin embargo, el Directorio Ejecutivo ha sido informado sobre acontecimientos recientes relacionados con este asunto, y continúa expresando su confianza en la capacidad de la Directora Gerente para desempeñar debidamente sus funciones".

La justicia francesa imputó el pasado miércoles a Christine Lagarde, de 58 años, por su participación en el llamado caso Tapie cuando era ministra de Economía de Nicolas Sarkozy. La investigación se desató a raíz de la adjudicación en 2008 de 403 millones de euros que el Gobierno de Sarkozy suscribió como reparación por las supuestas pérdidas que sufrió el empresario Bernard Tapie, amigo del entonces presidente de la República, en la venta de Adidas por parte del Crédit Lyonnais.

La ayuda pública a Tapie fue decidida por una comisión de arbitraje que el juez Serge Tournaire llegó a calificar como "simulacro de arbitraje".

El caso Tapie es enrevesado. El millonario francés Bernard Tapie, una de las mayores fortunas del país, vendió en 1993 Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais. Era la condición que le impuso François Miterrand para ficharle como ministro. Al poco tiempo, el banco vendió Adidas obteniendo unas importantes plusvalías, lo que llevó a Tapie a denunciar el caso y obtener, en primera instancia, una reparación de 135 millones por daños más intereses. El Supremo, sin embargo, anuló esta decisión.

En 2008, su colega Nicolas Sarkozy, para el cual Tapie había pedido el voto un año antes, resarció con creces al empresario de las supuestas pérdidas. Su Ministerio de Economía formó un "tribunal de arbitraje" y este decidió otorgar a Tapie 403 millones de euros por aquel litigio, lo que escandalizó a una gran parte de la ciudadanía.