La reticente apertura de Arabia Saudí

El 22 de julio, el Gobierno saudí anunció la apertura de la Bolsa de Riad a los inversores extranjeros durante el primer semestre de 2015. Según la Autoridad del Mercado de Capitales, solo “las instituciones financieras extranjeras autorizadas” podrán participar, pero es un cambio con la actual legislación, bajo la cual los no saudíes tienen prohibido poseer directamente títulos de empresas del país árabe —aunque sí pueden tener swaps o instrumentos ad hoc, llamados notas de participación—. El índice Tadawul, el principal del mercado saudí, reaccionó pasando de los 10.000 puntos por primera vez desde 2007.

Mientras, los inversores internacionales se frotaron las manos con la noticia. “Es una solvente economía refugio, una de las pocas entre los grandes mercados emergentes”, señalan de Merrill Lynch Bank of America. “Su PIB crece con fuerza, sus posiciones tanto fiscal como frente al mercado exterior son robustas, tienen muchas reservas y poca deuda”. Según la entidad, la apertura a los inversores internacionales puede suponer un flujo de hasta 20.000 millones de euros en el mercado.

No todas las puertas están abiertas para los nuevos inversores. Según la legislación saudí, los extranjeros no pueden invertir en la producción de petróleo. Y el Estado es el único propietario de la petrolera Saudi Aramco que, según un estudio del diario Financial Times y la consultora McKinsey, es la mayor empresa no cotizada del mundo, con un valor de mercado (en 2005) de 781.000 millones de dólares (655.000 millones de euros de la época). Los extranjeros también tienen vedados sectores como el inmobiliario, seguros, transportes y medios de comunicación.

Al inversor internacional le quedan, sobre todo, los sectores bancario, petroquímico, del cemento, la construcción y el de telecomunicaciones. Eso incluye algunos de los valores más sólidos del mercado, incluida Sabic, la cuarta mayor empresa petroquímica del mundo —con una capitalización de 77.400 millones de euros, según Bloomberg— y la única saudí incluida en el índice Global 500 de la revista Fortune. El pasado ejercicio, Sabic repartió 15.000 millones de riyales (3.000 millones de euros) en dividendos.

Los sectores químico, bancario y la construcción interesan al inversor

Arabia Saudí es, según el Banco Mundial, la 19ª economía del mundo y la mayor de Oriente Próximo, con un PIB de 558.500 millones de euros, por delante de países como Suiza y Argentina. En 2013, el país creció un 3,8%, y el Banco Mundial pronostica incrementos de alrededor del 4% hasta 2016. La moneda nacional, el riyal, tiene un tipo de cambio fijo de 3,75 unidades por dólar estadounidense.

En suma, Arabia Saudí tiene todas las características de una potencia emergente. “Las bases macroeconómicas ya están listas para jugar en las grandes ligas”, señalan de Merrill Lynch Bank of America. Sin embargo, su archiproteccionismo le ha mantenido fuera de los mercados internacionales de capitales.

Arabia Saudí nunca ha tenido prisa para hacer cambios en su economía. El motivo evidente son los 267.000 millones de barriles de petróleo que, según el departamento estadounidense de Energía, residen bajo su suelo. El país tiene las mayores reservas probadas del planeta, una quinta parte del total global. Es el mayor productor y el mayor exportador del mundo.

Pero el desarrollo de nuevas formas de extracción de hidrocarburos y de las tecnologías pospetroleras hacen arriesgada esa dependencia del crudo. Además, el país está atento a como vecinos como Qatar o Abu Dabi (uno de los Emiratos Árabes Unidos) han dado pasos para diversificar sus economías con éxito. Por ahora, el régimen ha dado pequeños pasos al crear áreas económicas especiales, como la Ciudad Económica Rey Abdulá, a 130 kilómetros del importante puerto de Yedá.

A pesar de que las autoridades saudíes de inversión presumen de ser una economía business friendly, el país se ha deslizado en el índice de facilidad de hacer negocios del Banco Mundial. En 2013, ocupó la 26ª plaza de 189, frente a la 11ª posición (de 183) de dos años antes. Pero es que además, ese puesto está fuertemente sesgado por el efecto en el índice de sus laxas políticas fiscales (por ejemplo, el impuesto sobre la renta no existe). Mientras que es el 3º en la categoría “pago de impuestos”, solo por detrás de sus vecinos Emiratos Árabes y Qatar, es el 127º en “cumplimiento de contratos”, por detrás de Zimbabue.

Esta última clasificación refleja la falta de un Estado de derecho moderno en una monarquía absoluta. Y el rol de cabeza oficiosa del islam suní más ortodoxo que se atribuye la reinante casa de Saud hace aún más difícil la modernización. Arabia Saudí es el octavo por la cola del Democracy Index de la revista The Economist. “Las autoridades de inversión son conscientes del problema”, señala Guy Morgan, director de Business for Social Responsibility (BSR). “Obviamente quieren crear un entorno atractivo para los negocios. Los inversores deben estudiar previamente el impacto sobre los derechos humanos de su inversión”.

El anacronismo del régimen también contribuye a un raquítico sector privado y a un disfuncional mercado de trabajo. Alimentado por el maná petrolero, el Estado saudí —al igual que el resto de países de la región— ha desarrollado un sector público sobredimensionado que, según el último informe del FMI, “ha logrado una rápida mejoría en los índices de desarrollo humano, pero también ha resultado en un declive del rendimiento relativo”. Las empresas privadas pagan menos y ofrecen peores condiciones de trabajo que las empresas públicas. El FMI ha alertado repetidas veces al Gobierno que el sector privado no está lo suficientemente desarrollado y debe empezar a volar con sus propias alas con urgencia. A principios de año, el Ejecutivo empezó a obligar a todos los asalariados a pagar un seguro de paro como forma de atraer a los jóvenes al sector privado.

Otros factores son la estricta segregación y falta de derechos de las mujeres —que hace que la tasa de paro femenina supere el 35%— y la presencia de centenas de miles de inmigrantes importados de países como Etiopía o Bangladesh como mano de obra barata sin derechos laborales (en noviembre de 2013, más de 100.000 de ellos fueron expulsados sin miramientos). En consecuencia, según economistas consultados por Reuters, solo un tercio de la población activa trabaja. Un problema para un régimen aterrado por la posibilidad de decenas de miles de jóvenes en paro, el motor de las revueltas de la primavera árabe.