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La violencia le cuesta a Centroamérica

La lucha contra la inseguridad genera un gasto anual equivalente al 8% del PIB regional

La policía hondureña lleva detenidos a unos mareros en San Pedro Sula
La policía hondureña lleva detenidos a unos mareros en San Pedro Sula

El marero y su secuaz se limitan a cumplir las órdenes: mimetizados como transeúntes en la muchedumbre en la capital de Guatemala, y sin despertar ninguna sospecha, suben a un autobús del transporte público, muestran con discreción sus armas de fuego al conductor, le dan un teléfono móvil y le ordenan que, en menos de una hora, se lo entregue a su jefe.

Es el inicio de una millonaria negociación criminal. Cumplido el plazo anunciado, el jefe o propietario de la empresa de transportes recibe una llamada en el móvil entregado a uno de sus chóferes y escucha la demanda: si no paga unos 6.000 dólares por semana, los conductores serán asesinados en algún tramo del recorrido y sus autobuses serán incendiados, con o sin ocupantes. La rutina es parte de la cotidianeidad urbana y rural en Guatemala, Honduras y El Salvador, y es ejecutada sobre todo por las maras 18 y Salvatrucha, las pandillas que, en diversas etapas del negocio de la extorsión, actúan como brazos armados del crimen organizado.

Un informe de la Cámara Americana-Guatemalteca de Comercio (AmCham), uno de los principales grupos de la iniciativa privada de Guatemala, reveló a finales de junio que las compañías del transporte de mercancías del país pagan 243 millones de dólares al año solo para contratar guardias jurados y aun así tienen que hacer frente a las extorsiones de las maras. Solo el sector del transporte destina el 12% de su presupuesto anual a la seguridad, pero no es el único afectado directamente por la violencia: la alimentación, industria manufacturera, agricultura, construcción y combustibles sufren mucho el acoso del crimen, según la Fiscalía General de Guatemala.

La cadencia de hechos es solo un pequeño detalle del impacto y del costo de la criminalidad y de la inseguridad en los tres países que conforman el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y convierten a la zona en una de las más violentas del mundo. El Banco Mundial ha calculado que lo que se gasta en seguridad, procesos judiciales y atención médica derivadas de la violencia extrema consume el 8% del producto interior bruto (PIB) de Centroamérica, equivalente a unos 19.500 millones de dólares. La cifra se dispara en el caso del Triángulo, donde el coste de la criminalidad y la prevención se dispara a más del 19% del PIB en el caso de Honduras, más del 14% en el caso de El Salvador, y casi el 9% en el de Guatemala; según el Instituto para la Paz y la Economía (IEP, según sus siglas en inglés), de Australia.

El aumento del crimen provoca una constante fuga de empresas

“La violencia tiene un alto impacto social y afecta a la capacidad de gestión del Estado, desvía los fondos del Gobierno para el desarrollo y al mismo tiempo reduce la inversión nacional y extranjera, aumenta los costos de producción y potencia el desempleo y la caída de la calidad de vida de la población”, dice la costarricense Lina Barrantes, directora ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en San José. “Obviamente, todo esto reduce las opciones de crecimiento y de desarrollo de los países”, subraya.

“Esta violencia trata de ser combatida con un aumento del gasto militar en la región. En 2013 Nicaragua, el país más pobre del área, incrementó su gasto militar el 27%, Guatemala y Honduras el 18%; mientras que Panamá el 11% y Costa Rica (sin ejército desde 1948) fue el que presentó menos gastos, con un aumento de 9,6% para comprar equipo de policía”, informa la fundación. La solución “no es la represión, es dar oportunidades a los jóvenes en educación, salud y empleo”, puntualizan desde el organismo.

En la misma línea, la guatemalteca Carolina Castellanos, directora ejecutiva de AmCham, explica que aunque Guatemala representa el 30% del PIB regional, debido a “la criminalidad” solo atrae el 9% de la inversión extranjera directa. La violencia agudiza el deterioro económico de una zona en la que, con una población de poco más de 43 millones de habitantes, cerca del 50% sobrevive en variados rangos de pobreza, en la que la subnutrición y el hambre golpean a 7,7 millones, de acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El panorama de inseguridad ha provocado una lenta pero constante fuga de compañías hacia la región. En marzo de 2013, la Asociación de Industriales de Honduras informó de que por el hostigamiento, 25 firmas habían salido del país, principalmente hacia México, en los últimos años. En El Salvador, el Consejo de la Pequeña Empresa reveló en mayo pasado que las extorsiones a compañías habían aumentado un 20% en los ocho meses anteriores y que el 76% de los perjudicados se abstenía de denunciar los delitos por miedo a represalias. El 90% de los pequeños empresarios sufre algún tipo de extorsión y “muchos” optan por vender sus bienes y “huir” del país, dicen en la patronal salvadoreña.

Los homicidios se ceban con la franja de edad más activa de la economía

Al aumento de la criminalidad se suma la complicidad o la incapacidad policial. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, una institución privada con sede en la capital guatemalteca y que sigue de cerca la relación entre el crimen y el retroceso económico, reveló en febrero pasado que la cantidad de asesinatos prácticamente se duplicó en la región de 2000 a 2012, a pesar de que el número de policías por cada 100.000 habitantes subió de 218 a 297. El índice de confianza en los cuerpos de seguridad es bastante bajo en toda la región Centroamericana, salvo en Costa Rica, según el último Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

“La mayor parte de los muertos está en el rango de 18 a 35 años y mayormente son hombres. Es decir, en la edad activa. El costo en pérdida del aporte a la productividad es altísimo, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Honduras”, señala la guatemalteca Carmen Rosa de León Escribano, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala. “Hay un alejamiento de la inversión no solo por la inseguridad sino por los costos que la prevención de la misma conlleva a quienes quieren hacer negocios en la región. Al final se encarece toda la cadena productiva haciendo que no se pueda ser competitivo en términos globales”, explica.

La evolución de los homicidios se divide en dos grupos, el del Triángulo Norte, con los escenarios más graves y tasas que, en el caso hondureño, llegaron a 79 asesinatos por cada 100.00 personas en 2013, y el de los menos graves, formado por Nicaragua, Panamá y Costa Rica, que cerró el año anterior con casi nueve homicidios por 100.000 habitantes.

¿Y los castigos? Con los tribunales atiborrados y con una ética judicial en mínimos, los criminales actúan con impunidad. Por eso, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala sigue lamentando que no haya procesos penales que acaben con sentencias ejemplarizantes mientras sí aumentan las sentencias que sí hacen pensar que la impunidad es cada vez mayor.