Multa al exsecretario de Sáenz en EE UU por el caso en que fue absuelto en España

Cedric Cañas, antiguo asistente personal del ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha pactado pagar 1,9 millones de dólares (en torno a 1,4 millones de euros) para cerrar un caso en el que la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en inglés) le acusaba de uso de información privilegiada.

Cañas pagará 960.806 dólares de multa y otro tanto por ganancias indebidas. La SEC le demandó por uso de información privilegiada en la opa de BHP Billiton sobre Potash, en la que el Santander actuó como asesor. Cañas, que fue despedido por el banco por este caso, fue absuelto en enero por la Audiencia Nacional por información privilegiada y blanqueo de capitales.

El acuerdo por el que Cañas acepta pagar 1,4 millones fue anunciado por un abogado de la SEC en una teleconferencia desde Nueva York y registrado en un tribunal de Manhattan, según informó la web especializada en Derecho Law360. El acuerdo no implica ni admisión ni negación expresa de culpabilidad.

En su demanda, presentada hace un año, la SEC alegaba que Cañas supo a principios de agosto de 2010 que el Santander estaba ayudando a la compañía angloaustraliana BHP Billiton a preparar una opa sobre la canadiense Potash y que transmitió además esa información al antiguo juez Julio Marín Ugedo, también demandado por el supervisor estadounidense y también absuelto por la Audiencia Nacional española.

La SEC señalaba que Cañas compró el equivalente a 30.000 acciones de Potash a través de contratos por diferencias, mientras que Marín se hizo con 1.393 acciones. Esa inversión le proporcionó jugosas ganancias cuando las acciones se dispararon el 17 de agosto, una vez que se anunció la oferta de adquisición.

Absolución en España

Pese a que Cañas ha aceptado ahora pagar por ese uso de información privilegiada, los jueces españoles interpretaron que era inocente. "El hecho de que el acusado Cedric Cañas haya obtenido una ganancia al operar con Potash no quiere decir que su conducta sea subsumible en el artículo 285 del Código Penal", que castiga el uso de información relevante para la cotización de cualquier clase de valores, según dijeron en su sentencia.

Según el fallo, en el juicio no quedó probado que la naturaleza de la información ofrecida por BHP al Santander para que estudiase una financiación parcial de una hipotética opa fuera información relevante de la contemplada en el Código Penal. Y ello porque "una información es relevante si tiene la capacidad de alterar los precios de los valores a los que se refiere dicha información", algo que, sostenía el tribunal, no ocurrió en este caso, pese a que los títulos se dispararon un 25% con el anuncio de la opa. El tribunal alegaba que, tras retirarse la opa, las acciones no se derrumbaron.

La sentencia contó con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, según el cual la sentencia debería haber sido condenatoria porque ambos acusados disponían de "información privilegiada reservada solo para un grupo mínimo de personas". Información que abarcaba la de una opa no solo "cierta y viable", sino también "inminente" y que "potencialmente podría tener una gran influencia en el precio de las acciones".

Como consecuencia de la investigación que inició el Santander sobre estas operaciones, Cañas fue primero suspendido en agosto de 2010 y luego despedido en enero de 2011, con una indemnización de 130.000 euros.

Por esta misma operación, la SEC ya abrió expediente contra otros dos españoles. Uno de ellos era el analista del Santander Juan José Fernández García, que llegó a un acuerdo con el supervisor para pagar 625.000 dólares.