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El despido y las reducciones de sueldos, asuntos pendientes del Constitucional

El Tribunal debe decidir sobre el recurso de la oposición a varios aspectos de la reforma laboral

Manuel V. Gómez
Acto de toma de posesión del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos (en el centro, que posa junto al resto de magistrados
Acto de toma de posesión del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos (en el centro, que posa junto al resto de magistrados EFE

El Tribunal Constitucional todavía tiene asuntos pendientes con la reforma laboral. El fallo de este martes da luz verde a una parte fundamental del texto que el Gobierno aprobó hace ya más de dos años. Pero aún quedan aspectos muy significativos, recurridos por los grupos de la oposición (PSOE e Izquierda Plural) pendientes de obtener el visto bueno. Estos son los aspectos más relevantes:

» Despido. El decreto de febrero de 2012 acabó, en su artículo 18, con la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y estableció como causa de despido la caída de ingresos en las empresas durante tres trimestres consecutivos. Por esta vía se facilitó y se rebajó de forma muy significativa el coste del despido.

» Prórroga en los convenios. Hasta la reforma laboral, los convenios que no se renovaban se prorrogaban indefinidamente hasta que sindicatos y empresarios firmaban uno nuevo que lo sustituía. Esta prórroga, llamada ultraactividad, fue limitada a un año.

» Reducciones unilaterales de sueldos. Desde hace dos años los empresarios pueden cambiar de forma unilateral las condiciones de trabajo que figuran en los contratos (sueldos, jornada, horario, categoría laboral) si estas condiciones son mejores que lo pactado en convenios. Las empresas podrán sacar adelante estos cambios, entre ellos, las bajadas de sueldos, si concurren causas como la reducción de ingresos ordinarios durante dos trimestres consecutivos.

» Reducciones de plantilla en el sector público. La reforma abrió definitivamente la posibilidad de realizar expedientes de empleo en el sector público. Hasta entonces, no estaba claro jurídicamente si se podían llevar adelante despidos colectivos en la Administración.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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