Fomento congelará hasta 2025 las tarifas aeroportuarias con la privatización

El Gobierno quiere que las tarifas de los aeropuertos queden limitadas durante los próximos 11 años en el marco de la privatización del 49% de la red de Aena. El borrador del real decreto ley por el que se establece el marco jurídico de la empresa aún pública fija la “congelación” hasta 2025 del ingreso máximo anual por pasajeros (Imap), el baremo a raíz del cual se fijarán las tarifas a través de una compleja fórmula.

Esto solo dejará de ser así cuando, por cambios normativos o fenómenos imprevisibles, las inversiones de Aena no superen los 450 millones anuales y el incremento de los costes aeroportuarios supere el 1%.

La decisión de congelar las tarifas queda recogida en el dictamen hecho público hoy por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el borrador de decreto y que pone en tela de juicio muchos de los elementos que el Ejecutivo ha escogido para el modelo de privatización. El organismo critica que se haya optado por una privatización global y no aeropuerto por aeropuerto. En la nueva etapa, la vieja Aena pública se llamará Enaire y mantendrá la misma naturaleza y régimen jurídico, con las competencias de navegación aérea, mientras que Aena Aeropuertos S. A. será ahora Aena S. A.

Competencia critica que las tarifas se congelen y que la privatización sea global y no aeropuerto por aeropuerto

Pese a la congelación de tarifas, “se reconoce el derecho a Aena, S.A. a recuperar el posible déficit que se genere por la aplicación de esta limitación”, según recoge Competencia en su informe de carácter consultivo no vinculante, aprobado con carácter de urgencia a petición del Ministerio de Fomento. Esta compensación se lograría “capitalizándose a una tasa equivalente al coste medio ponderado del capital antes de impuestos del gestor”.

La limitación de tarifas significa, a la postre, extender el acuerdo de 2013, por el que se limitaban los incrementos hasta 2018. Este decreto también reconocía la recuperación del déficit que se podría generar durante los próximos cinco años.

Para Competencia, las limitaciones vigentes “podrían estar justificadas por la transitoriedad del periodo”, pero “no más allá de 2018”. “Establecer un periodo tan prolongado de contención tarifaria podría degenerar, como así ha ocurrido durante los últimos años, en un importante endeudamiento que desaconseja su inclusión en el BRDL”, advierte la CNMC.

El organismo que preside José María Marín Quemada también critica que las tarifas sean centralizadas, argumentando que "las rigideces de este sistema impedirán al gestor aeroportuario que implemente políticas comerciales que promuevan la eficiencia", además de que estos precios "deberían reflejar la casuística propia de cada aeropuerto".

Polémica por la gestión centralizada

El informe de Competencia se ha aprobado con al menos dos votos particulares en contra, como el del consejero Fernando Torremocha, quien defiende el modelo de privatización que mantiene el sistema de red de gestión centralizada y se desmarca con dureza de los documentos del organismo. "Los creadores [de los informes de Competencia] se han excedido en sus facultades meramente informativas no vinculantes que les autoriza la emisión de informes sectoriales y económicos y no políticos, propias del poder ejecutivo /Gobierno de la nación) o legislativo (las Cortes", recalca.

Otro voto particular es el emitido por la consejera Idoia Zenarrutzabeitia y el consejero Josep Maria Guinart, quienes instan al Gobierno a aprovecha la privatización de Aena para abrir una reflexión sobre el modelo de gestión y caminar hacia la descentralización del mismo, lo que constituye una vieja demanda de Cataluña, que quiere tener voz y voto en lo que ocurre con el aeropuerto de El Prat.

En cambio, para Torremocha la gestión en red garantiza que los aeropuertos de interés general no rentables sigan adelante. No obstante, el informe de la CNMC también alerta contra las inversiones no rentables. Hay un mecanismo de regulación que asegura la cobertura de los costes de forma prospectiva de Aena, según explica la CNMC, incluyendo una remuneración adecuada del capital invertido y, a juicio de este organismo, "este mecanismo incentiva la sobreinversión en la medida en que el gestor aeroportuario consigue una rentabilidad positiva de todas las infraestructuras, incluidas aquellas que no son rentables".

Competencia puede anular las tarifas CNMC

Por otra parte, el decreto amplía las competencias supervisoras de la CNMC y esta tendrá poder de cancelación en las tarifas en algunos contextos. Competencia "supervisará, de oficio o a instancia de usuarios afectados, que las tarifas no sean discriminatorias, pudiendo resolver (en un plazo máximo de cuatro meses prorrogables por otros dos) la inaplicabilidad de dichas tarifas y determinando de forma justificada las tarifas que deben sustituirlas", señala el texto.

Asimismo, la CNMC "también podrá resolver la inaplicación de cambios en las tarifas aeroportuarias cuando constate irregularidades en el proceso de consultas de Aena S.A. a los usuarios representativos, pudiendo emitir recomendaciones vinculantes", apunta el dictamen.