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Expertos fiscales piden eliminar la mayor parte de las deducciones fiscales

Los especialistas reclaman al Gobierno que aborde la devaluación fiscal subiendo IVA y bajando cotizaciones sociales

"No podemos tener un sistema impositivo como el de Estados Unidos y un sistema de bienestar europeo. Hay que elegir". Con esta frase los economistas José Ignacio Conde-Ruiz, profesor  y Juan Rubio-Ramirez, investigadores de Fedea (Fundación de Economía Aplicada) reclaman suprimir todos los beneficios fiscales del sistema tributario español para poder mantener el nivel de gasto público para aumentar la recaudación en unos 40.000 millones, unos cuatro puntos del PIB, lo que permitiría acabar con el déficit estructural.

Estos expertos propone acabar con las deducciones y desgravaciones del IRPF para ingresar 31.177 millones más, el equivalente a unos tres puntos del PIB a cambio de reducir los tipos marginales del impuesto sobre la renta. "Se devuelve el 37% de lo que se ingresa", ha explicado este miércoles Rubio-Ramírez, que ha contado que España es el país de la eurozona que menos ingresa por el impuesto sobre la renta solo por detrás de Grecia y Portugal. Creen que eliminando todas las deducciones y exenciones el gravamen marginal máximo podría bajarse hasta el 40% a partir de tramos de renta superiores a 53.407 euros.

Conde-Ruiz. profesor de la Complutense, y Rubio-Ramírez, de la universidad de Duke (EE UU) consideran que solo podría permanecer una parte de la reducción de las rentas del trabajo —la deducción para incluir los gastos inherentes al trabajo que soportan los contribuyentes— para que no exista diferencias entre los autónomos que pueden deducirse muchas cosas y los trabajadores por cuenta ajena.

Respecto al impuesto sobre sociedades estos investigadores de Fedea plantea eliminar todas las desgravaciones, bonificaciones y reducciones del tributo que grava los beneficios de las empresas para aumentar la recaudación en 3.310 millones de euros. Según ellos, esto permitiría reducir el tipo nominal del impuesto del 30% al 15%.

Conde-Ruiz y Rubio-Ramírez también piden eliminar los tipos reducidos (el 4% para bienes de primera necesidad) y superreducidos del IVA (10% para sectores relevantes de la economía). Recuerdan que solo el 42% de los productos de la cestas de la compra está gravado al tipo general del 21% mientras que en Alemania el tipo máximo se aplica al 82% de los productos, en Francia al 71% y al 52% en Italia. De esta forma, explican, podría aumentar la recaudación en unos 19.000 millones.Como esta medida es regresiva, algunos de los académicos han propuesto compensar a los más afectados mediante políticas de gasto.

Ambos investigadores también han pedido aumentar todos los impuestos especiales así como las tasas y precios públicos. "Estamos a la cola en copagos y tasas por uso de servicios públicos", ha indicado Rubio-Ramirez, quien ha recomendado subir las tasas universitarias y los copagos sanitarios.

La mayoría de los expertos que han asistido al seminario organizado por Fedea sobre la reforma fiscal coincide con estos dos especialistas en que España tiene un problema de recaudación. Los ingresos públicos representan el 37% del PIB, casi nueve puntos menos que la eurozona (46%), según datos de Eurostat.

Aunque algunos se han mostrado en contra de la radicalidad de la propuesta de los investigadores de Fedea. Emilio Albi, uno de los fiscalistas más prestigiosos, ha pedido que se reflexione un poco más sobre el impacto de la evolución económica en los tributos. "Es cierto que durante la crisis la recaudación ha caído más que en el resto de Europa, pero también cayó más el consumo, la inversión", ha manifestado Albi, quien ha pedido cierta prudencia.

Julio López Laborda, de la universidad de Zaragoza y Jorge Onrubia, de la Complutense, han reclamado analizar los efectos de los cambios tributarios sobre la equidad y la desigualdad.

Por su parte, Pablo Hernández de Cos, uno de los miembros del comité de expertos creado por el Gobierno para la reforma fiscal, ha insistido en que el Gobierno debería abordar una devaluación fiscal mediante la rebaja de cotizaciones sociales por importe de 10.000 millones, un punto del PIB y un aumento de los impuestos indirectos (IVA) por un importe similar.