Impuestos y desigualdad

Faltan aún muchas explicaciones sobre la reforma fiscal presentada el viernes en Consejo de Ministros, y que empezó a dosificar con cuentagotas un día después el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en el inicio de una campaña con una fortísima tufarada electoral: se ha hecho la reforma para devolver a los ciudadanos lo que se les confiscó debido a la herencia recibida de los socialistas. ¿Esto es lo que se pretende con la reforma fiscal?

Cualquier reforma estructural, como quiere ser la de los impuestos, ha de ser comprensible. Su didáctica tiene que incorporar sus efectos colaterales, la distribución de riesgos que implica, su diseño institucional, y, sobre todo, desvelar sin trampantojos quiénes ganan y quiénes pierden con ella, y cuánto. Y si ello no figura en la presentación, es obligación de la oposición parlamentaria superar la oscuridad. Conviene que se sepa que no existen lo que los economistas denominan reformas paretianas, aquellas en las que todos ganan con las mismas. Porque por muy bien elaboradas que estén, por muchas mejoras significativas que incorporen, siempre existirán grupos que se beneficiarán de los cambios, alterando las estructuras económicas o de poder.

Una reforma fiscal en España está justificada por, al menos, dos tipos de deficiencias. La primera, la insuficiencia de recursos y las continuas modificaciones de impuestos que se han producido en los últimos años y que han desequilibrado el conjunto y lo han hecho ineficiente. Algunos datos de ello. El inicial, el mito de la alta presión fiscal en España: mientras la recaudación global en la UE (27) alcanza el 40% del PIB, en nuestro país es del 32,4%. Otras cifras: la caída de la recaudación entre 2007 y 2011 (disminución de las transacciones inmobiliarias, reducción de la demanda y de los resultados empresariales) ha sido de 5,4 puntos porcentuales en España y sólo del 0,5% en la UE, lo que de nuevo explica la ineficiencia del sistema. Más aún: la deuda pública cabalga hacia el 100% del PIB y está por primera vez, desde la creación del euro, por encima de la media europea. Se han sustituido impuestos (que deben ser progresivos) por deuda pública (que es pagada de igual modo por todos los ciudadanos y que hay que devolver a quien presta el dinero).

El segundo motivo son los niveles de desigualdad, cuantificados por la OCDE un día antes de la presentación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: de la treintena de países de la organización, no hay ninguno que haya pagado una factura más desigual de la crisis que España, ni siquiera los intervenidos (Grecia, Irlanda y Portugal). Aunque la función distributiva esencial en un país se hace a través del gasto público (todos los impuestos crean distorsiones), la economía española permanece en estado de excepción: en los cuatro primeros años de la crisis (2007-2011) el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada. Y falta por medir el impacto entre 2012 y 2014, cuando España sufrió una segunda y dolorosa recesión. Con esta situación, cualquier reforma estructural debería favorecer una distribución de la renta tolerable (lo contrario de lo que está sucediendo con la mayor parte de ellas, sobre todo con la laboral).

No existen ‘reformas paretianas’: aquellas en las que todos ganan

Además de estos factores, la reforma fiscal ha de paliar algunos de los otros problemas seculares de la Hacienda española: una economía sumergida de dos dígitos, un fraude fiscal que algunos han llegado a estimar en alrededor del 9% del PIB. Y también la masa de exenciones que han agujereado el sistema fiscal español, muchas de ellas injustificadas: en los Presupuestos de 2014, las exenciones del impuesto de la renta, IVA e impuesto de sociedades superaban los 35.000 millones de euros (el 21% de la recaudación del IRPF, el 14% de Sociedades o el 30% del IVA). Y, no menos importante, la administración tributaria: el éxito de una reforma fiscal depende en buena medida de esta última. A pesar de los niveles citados de economía sumergida y de evasión fiscal, España dedica a la gestión fiscal un 0,1% de su PIB mientras algunos países de nuestro entorno llegan al 0,5%.

De todo esto hay que debatir.