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El fiscal pide tres años de cárcel para los exdirectivos de NCG por estafa

El ministerio público reclama que Fernández Gayoso y sus compañeros devuelvan 18,9 millones de euros de sus prejubilaciones millonarias

Fernando J. Pérez
El expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso
El expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández GayosoEFE

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado este lunes penas de tres años de prisión para los directivos de NovaCaixaGalicia que se adjudicaron prejubilaciones de 18,9 millones de euros cuando la entidad fue intervenida por dos veces por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y reflotada con 1.162 millones de euros de dinero público. El ministerio público considera al expresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso; a los exdirectores generales José Luis Pego Alonso y Francisco Javier García de Paredes; al encargado de Asuntos Institucionales, Óscar Rodríguez Estrada, al ex director comercial Gregorio Gorriarán, y al abogado Ricardo Pradas autores de un delito de apropiación indebida y, alternativamente de estafa. Además de las penas de prisión, la fiscalía reclama que devuelvan el dinero cobrado indebidamente.

El fiscal recuerda en su escrito que tras la primera intervención del FROB en mayo de 2010, tres de los directivos —Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada— acordaron “movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial” modificar sus contratos de alta dirección para obtener “rentas vitalicias futuras en caso de producirse su previsible salida de la entidad” tras la fusión.

Para llevar a cabo este proyecto, que despatrimonializaba aún más a la caja gallega, los tres directivos contaron con la colaboración del entonces co-presidente de la entidad, Fernández Gayoso. Las cláusulas de los nuevos contratos fueron redactadas por el letrado Ricardo Pradas, según la fiscalía, “con pleno conocimiento” de las mejoras económicas que comportaban en detrimento de la caja gallega. En un pleno de la entidad, convocado de forma extemporánea, se acordaron las mejoras retributivas de los dirigentes de la caja quebrada y se decidió sumar a ellas al entonces director adjunto ejecutivo, Francisco Javier García de Paredes.

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Los imputados supuestamente ocultaron a la comisión de retribuciones de la caja y al consejo de la entidad las mejoras y les hicieron creer que con a su salida cobrarían lo establecido inicialmente para el resto de la plantilla que se acogió al plan de prejubilaciones.

De este modo, cuando la víspera de la transformación de NovaCaixaGalicia en NGC Banco, los directivos ejercitaron su claúsula de desestimiento, se embolsaron automáticamente los siguientes importes: José Luis Pego, 7,73 millones de euros; Gregorio Gorriarán, 4,83 millones; Francisco Javier García de Paredes, 5,65 millones y Óscar Rodríguez, 691.000 euros. Estos 18,9 millones de euros suponía aproximadamente el 29% del valor atribuido a la entidad antes de la segunda intervención del FROB.

Liquidaciones millonarias

Según el escrito de la fiscalía, el importe y los conceptos de las liquidaciones millonarias “no fueron debidamente conocidos ni autorizados por el Consejo de Administración de la Caja hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España”. Además, asegura el ministerio público, lo pagos “se practicaron infringiéndose deliberadamente las limitaciones asumidas por NovaCaixaGalicia frente al FROB en materia de indemnizaciones”.

Los exdirectivos no solo se adjudicaron indemnizaciones multimillonarias. Las cuentas de la entidad señalaban en mayo de 2012 que Pego, García de Paredes, Rodríguez Estrada y Gorriarán percibirán cuando cumplan la edad de jubilación planes de pensiones que suman 33 millones de euros. Este dinero lo podrán percibir de una sola vez o mediante cuotas mensuales. En total, entre indemnizaciones y planes de pensiones, las antiguas cajas que conformaron NGC han consignado cerca de 52 millones para retirar a estos directivos, que, además, pueden seguir trabajando en la empresa privada.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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