El Gobierno mexicano pedirá el 10% de regalías por barril de petróleo

La administración de Peña Nieto asegura que en la apertura del sector energético no habrá incentivos fiscales para la inversión privada

Trabajadores en una plataforma del Golfo de México.
Trabajadores en una plataforma del Golfo de México. SAÚL RUIZ

El Gobierno mexicano ha estimado que con la apertura del sector energético a la inversión privada y extranjera sus arcas reciban en regalías un 10% por barril de petróleo extraído por las compañías que incursionen en el mercado mexicano, entre otros pagos que estas empresas deberán cubrir. A partir de la iniciativa que el pasado miércoles envió el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al Congreso para reglamentar la reforma energética, su administración ha estimado un paquete de cuotas que las empresas privadas deberán cubrir según el tipo de contrato que celebren con el Estado. “A un nivel de 100 dólares por barril -más o menos para la mezcla mexicana-- estaríamos hablando que la regalía para proyectos de producción de petróleo se estaría ubicando en alrededor de 10%”, calcula el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher.

De acuerdo con la propuesta presidencial todas las empresas deberán pagar al Estado mexicano el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como una cuota contractual en la primera etapa del proyecto asignado. Después el Gobierno recibirá las regalías y su porcentaje de utilidad o producción, según sea el contrato celebrado con cada empresa. Messmacher ha explicado que en el caso de los contratos de licencias, las compañías deberán pagar a las Hacienda mexicana un pago inicial y una sobretasa de regalía.

La propuesta de Peña Nieto pretende que la aportación de Petróleos Mexicanos (Pemex)al fisco se reduzca de un 79% a una cifra menor del 65%. Para lograrlo, el subsecretario de Ingresos ha estimado que en los contratos que el Estado comparta con la iniciativa privada las ganancias para México serían de “al menos 50%” de la producción. Esta cifra estaría condicionada a los ingresos que la Hacienda mexicana obtenga de todas las cuotas establecidas en los contratos. “No va a haber incentivos fiscales.Habrá licitaciones donde en campos de mayor rentabilidad ofrecerán más al Estado, y en campos de menor rentabilidad lo que se ofrezca al estado será poco más chico, en ese sentido no necesitarían tener estímulos fiscales”, ha señalado Messmacher.

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Si el Congreso mexicano aprueba las leyes reglamentarias de la reforma energética a más tardar en junio. El Gobierno mexicano estaría en disposición de firmar los primeros contratos en 2015, ha señalado la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar. En ellos también existirán cláusulas que consideren la progresividad de los yacimientos –en el caso de que los campos superen la producción estimada o el precio del crudo sea muy bueno—y donde el Estado pueda obtener más ingresos. “Si de repente tienes sorpresas positivas en precio o encuentras yacimientos mucho más grandes de lo previsto, entonces el porcentaje de utilidad o producción compartida que le toca al Estado se irá volviendo más grande”, ha detallado Messmacher.

Para calcular las ganancias y aportaciones que las empresas harán a la Hacienda mexicana existirán lineamientos de precios del crudo. Hasta ahora Pemex, como única empresa en el mercado mexicano, comercializa la mezcla mexicana de exportación a un precio promedio de 96 dólares el barril. Esta mezcla está compuesta por los tres tipos de petróleo que se extraen de las cuencas mexicanas (istmo, maya y olmeca) y que se diferencian por características de viscosidad y peso. Las compañías que entren al mercado mexicano tendrán que estimar el precio según la calidad del crudo que extraigan con referencia a los tipos de petróleo que se venden en el mundo.

Actualmente Pemex mantiene una producción de 2,5 millones de barriles al día que ha ido en caída desde 2004. La administración de Peña Nieto ha prometido que para 2018 la producción nacional llegará a los 3 millones de barriles diarios. Melgar ha estimado que Pemex continuará con un nivel de producción similar al de ahora y que la iniciativa privada extraerá el medio millón de barriles necesarios para lograr la meta.

La expropiación como última opción

Con la apertura del sector energético y ante la certeza de la existencia de campos de gas de esquisto en el norte del país, el Gobierno mexicano ha contemplado que sostendrá negociaciones con propietarios de terrenos en los que se encuentren los yacimientos. Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos, ha explicado que se ha planteado un proceso de mediación para arrendar la superficie durante el periodo de extracción y en el que la última opción sea expropiar los terrenos.

Los principales campos de esquistos están en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León donde también se encuentran algunas minas concesionadas. Melgar ha señalado que si el gas se encuentra en sus terrenos solo podrán extraer el hidrocarburo con autorización del Gobierno mexicano pero que si existe la disposición por parte de los propietarios para vender las tierras, éstas serán adquiridas en su valor comercial.

Sobre la firma

Sonia Corona

Es la jefa de la redacción de EL PAÍS en México. Cubre temas de Política, Economía, Tecnología y Medio Ambiente. Fue enviada especial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE UU. Trabajó en Reforma y El Huffington Post. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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