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La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Díaz Ferrán por el ‘caso Marsans’

El ministerio público considera que el exjefe de la patronal se integró en “organización criminal” para vaciar el patrimonio de sus empresas y le reclama multas por valor de 5,12 millones

Díaz Ferrán, durante su declaración por otro de los casos que afronta, el de Aerolíneas Argentinas.
Díaz Ferrán, durante su declaración por otro de los casos que afronta, el de Aerolíneas Argentinas.

La fiscalía de la Audiencia Nacional pidió este miércoles 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en el caso Marsans, el vaciamiento patrimonial del grupo turístico en el que figuraban, entre otras empresas, Viajes Marsans y Air Comet para eludir el pago a los acreedores concursales. El ministerio público pide, además, ocho años para el empresario Ángel de Cabo, liquidador de las sociedades, que acumulaban un pasivo de 313 millones de euros en 2011.

El ministerio público solicita para el antiguo jefe de la patronal cinco años de prisión por alzamiento de bienes, otros cinco por delito de concurso fraudulento y cuatro años por blanqueo de capitales. Lo más llamativo del escrito es la petición de un año de prisión para Díaz Ferrán por integración en grupo criminal. Además de las penas de cárcel, se reclaman para él multas por valor de 5,12 millones de euros. Para De Cabo, se reclaman dos años de cárcel por alzamiento de bienes, tres años por concurso fraudulento y un año por integración en grupo criminal. En la causa hay otros nueve imputados, entre ellos la esposa y el hermano de De Cabo y un hijo de Díaz Ferrán.

La Fiscalía considera que Díaz Ferrán y De Cabo, en prisión desde el 5 de diciembre de 2012 por la llamada Operación Crucero, se concertaron para la “despatrimonialización” de Marsans. Díaz Ferrán y su fallecido socio Gonzalo Pascual acordaron, según la fiscalía, que transmitirían a De Cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que De Cabo abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación patrimonial, el liquidador abonaría ocho millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales. Con estos pagos periódicos, ambos socios “podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia”, escribe el fiscal Daniel Campos.

Las diversas fórmulas empleadas por De Cabo para vaciar el patrimonio de las sociedades del grupo Marsans permitieron sacar del grupo cerca de 30 millones de euros. Para ello pusieron a otros imputados en nómina de las sociedades, vaciaron sus tesorerías y se hicieron con los palacetes, los vehículos de alta gama y yates de lujo de Díaz Ferrán y Pascual.

A partir de 2009 el grupo Marsans empezó acumular deudas y su viabilidad quedó gravemente comprometida y los acreedores reclamaron que los dos socios avalaran el pago de las deudas con su patrimonio personal. Varias compañías acreedoras quedaron impagadas, lo que dio lugar a distintos juicios y procedimientos mercantiles. El déficit patrimonial alcanzaba los 270,8 millones de euros y el pasivo del grupo era de 313 millones de euros.

Según el fiscal, “tan lamentable situación patrimonial (…) amenazaba el altísimo nivel de vida” que hasta entonces llevaban ambos socios por lo que “decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes mediante un un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente perjuicio de sus acreedores”.

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