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El hotelero pirata

El empresario Fernando Ferré construyó un imperio de sol y playa sin pagar impuestos e imponiendo condiciones laborales abusivas

Fernando Ferré, en primer plano, el pasado lunes. Ampliar foto
Fernando Ferré, en primer plano, el pasado lunes. EFE

En Ibiza a Fernando Ferré Cardó le llamaban “míster pagaré”, y el “hotelero pirata”. Quien le vendió un hotel reconoce que sabía que no pagaba impuestos. Creció con precios “tirados” para jóvenes hooligans de bar, mar y discotecas. Comercializaba el doble de plazas de habitaciones ya de por sí estrechas. El negocio de turismo de sol y playa siempre flota. Ferré construyó su cadena a un ritmo vertiginoso, con dinero de papel y con 200 millones que le prestó el Banco Popular.

Dominó casi una cuarta parte de la oferta de Ibiza con su Grupo Playa Sol (GPS). Llegó a explotar hasta 72 establecimientos turísticos en Baleares, con 20.000 camas y una plantilla de 1.200 trabajadores. Nunca dio detalles a la prensa ni se dejó retratar hasta que cayó —fue detenido— en 2010. Entonces entró esposado en el juzgado y se supo su dimensión y el lado oculto de su actividad enredada en 300 empresas.

La contabilidad real, en b, en negro, la punteaban a mano tres empleados chinos en un cobertizo de su chalé. “A los chinos les hizo contratos en checo y en checo a otros muchos extranjeros que tampoco entendían ese idioma”, indica un investigador de la trama. Ferré, de Santes Creus, Tarragona, de 69 años, no tiene formación universitaria. “Es un hombre chapado a la antigua, individualista”, dice su abogado, Gabriel Garcías. “Dice que ha dado trabajo a media Ibiza”, apostilla.

La contabilidad real, en b, en negro, la punteaban a mano tres empleados chinos en un cobertizo de su chalé.

Tenía medio millar de trabajadores del este de Europa en condiciones de explotación laboral y de menoscabo de su dignidad. “Daba lástima ver cómo vivían”, narra el policía que participó en la Operación Trueno contra ese fraude masivo. “Ferré contestó que si no trabajaban con él se morirían de hambre”. Las sábanas de la cama de la habitación del chalé de quien era titular de un patrimonio multimillonario —en teoría— llevaban días sin tocarse, estaban sucias. “Era como una chabola”, señala el abogado.

Tres mujeres, teóricas asistentes domésticas, empleadas de la cadena GPS, habitaban en el domicilio de Ferré. En distintas fechas de 2010, el hotelero firmó con tres de esas trabajadoras de países del este de Europa distintos contratos privados, “acuerdos de amistad y amor entre las dos partes”, según consta en la causa. X “tiene que ser muy amable y un poco celosa y dejar libertad total” al empresario. Otra firmó un “contrato para toda la vida” con Ferré y a una tercera dijo que cobraría un solar o una casa en su país.

Los sueldos estipulados a esas colaboradoras —con vacaciones, viajes y coches— eran casi 10 veces superiores a los 300 euros que cobraban los camareros de hotel que trabajan dos jornadas laborales en 24 horas. “X tiene las cualidades perfectas para hacer feliz a Fernando en todos los sentidos”, se lee en un supuesto contrato de matrimonio, dicho “contrato de felicidad y futuro legal”. El hotelero se comprometía a dar un hotel a su compañera, que ella después le alquilaría y en el caso de que la pareja tuviera un hipotético descendiente este tendría otro hotel.

Fernando Ferré está separado de su primera mujer, natural de Mozambique, tiene dos hijos en la treintena y una hija de 15. Ha sido condenado a siete años de cárcel y al pago de 11 millones de multa a Hacienda y 11 de indemnización al Estado. En el juicio exprés del día 31 de marzo —sin vista— se conformó con los delitos y las penas, musitó un sí y cabeceó ante la insistencia de la juez que le reclamó si asumía la condena: los 14 delitos fiscales y 3 contra los trabajadores. El fiscal reclamó 81 años de cárcel.

“Ahora Ferré sobrevive con dificultades. No tiene un euro. Los vecinos le prestaron 150 euros”, asegura su abogado, Gabriel Garcías. Se le embargó patrimonio por hasta 48 millones. “Es un hombre que solo conoce el trabajo. Nunca ha ido a la playa. No se permitió el lujo, se hizo a sí mismo y gestionaba con una libreta toda la empresa”. Los 477 empleados inmigrantes sin seguridad social no percibirán indemnización personal porque no efectuaron denuncias individuales.

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