Una vuelta completa a los impuestos ‘verdes’ para que no sean un coladero

Cambio total en los impuestos medioambientales. Eso es lo que piden los expertos congregados por el Gobierno para elaborar una propuesta sobre la reforma fiscal. En España, razonan en su informe, las Haciendas locales “han sido imaginativas a la hora de crear tasas medioambientales”, han proliferado los tributos autonómicos y los gravámenes distintos para fuentes de energía similares pueden influir en su consumo, más allá de su verdadera utilidad.

El medioambiente es casi una excusa. Para poner orden, el comité de sabios recomienda revisar todos los tributos que dicen tener una finalidad verde. Pide que el peso de las tasas sobre las fuentes de energía esté vinculado a su capacidad energética y a la cantidad de contaminación que producen. Además, solicita que se revise la ensalada de impuestos ambientales de las autonomías, e incluso que se eliminen algunos, que consideran que tienen finalidades bien distintas de las ecológicas, como la tasa que se aplica a las grandes superficies en Cataluña, Asturias o Navarra.

La propuesta supondría, para empezar, modificar a fondo el actual Impuesto sobre Hidrocarburos, “un instrumento fundamentalmente recaudatorio, cuya finalidad medioambiental se limita a algunos aspectos”, critica el informe. Los tipos de gravamen, abunda, “tampoco responden —salvo en casos excepcionales— a finalidades medioambientales”. La recaudación total de este tributo en 2014 es previsiblemente de 9.955 millones de euros.

Para empezar, la propuesta de los expertos pasa por equiparar el tipo que soporta el gasóleo y el que soporta la gasolina, ya que el primero “tiene una tributación injustificadamente más baja”. Opinan que también es necesario que se reduzcan “diversos beneficios fiscales sin justificación ambiental como las devoluciones para agricultores y para el sector del transporte por carretera”.

Cobro por el uso de autovías

En cuanto a los coches o los camiones, creen que habría que cambiar los impuestos básicos y que deberían estar vinculados a la emisión de gases y deberían ser uniformes en toda España. “Dado que las emisiones de dióxido de carbono constituyen un problema global, no tendría sentido la diferenciación del gravamen por las diversas Comunidades Autónomas”. El tipo aplicado a los propietarios de vehículos, apuntan, podría minorarse “cuando fuera objeto de modificaciones que redujeran las emisiones”.

Menos claro dejan los sabios tributarios cómo gravar el uso de infraestructuras. Consideran necesario que se cobre por su utilización, pero reconocen que los peajes podrían ser disuasorios y llevar a los conductores a usar vías más peligrosas cuyo uso sea gratis. Aun así, consideran que se debería estudiar cómo hacer pasar por caja a los conductores por el derecho, por ejemplo, a circular por autovías. Lanzan alguna idea, como una tasa cada cierto número de kilómetros recorridos. Cobrar tres céntimos por kilómetro a los coches, señalan, podría recaudar hasta 3.000 millones de euros. También piden que se cobre el acceso a los centros o zonas históricas de determinadas ciudades, como Madrid o Barcelona.

La Comisión propone, igualmente, la eliminación de numerosos impuestos y cánones "supuestamente ambientales" establecidos por las comunidades y que, a juicio de la Comisión, carecen de esa justificación, como los impuestos sobre grandes superficies, canon eólico e impuesto sobre agua embalsada. En otros casos, se propone corregir la dispersión normativa existente, como en el caso los impuestos sobre emisiones atmosféricas distintas del CO2, los cánones de vertidos y los impuestos sobre residuos.

Pagar por kilovatio consumido

Tampoco los impuestos sobre la electricidad gustan al comité. Creen que deberían vincularse sus tasas a cada kilovatio consumido por hora, y no a un porcentaje final de consumo, “de modo que se incentive la eficiencia y el ahorro energético”, y evitar, de nuevo, las excepciones, así como unificar varios tributos a este tipo de energía y centralizar su cobro en manos del Estado. En paralelo, propone la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, lo que se compensaría con el incremento del mencionado impuesto sobre la electricidad y la integración en este último del canon por utilización de aguas continentales en la producción de energía eléctrica.

Asimismo, la Comisión propone la reforma conjunta del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y del impuesto sobre almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos. En cuanto al carbón, consideran que también tiene ventajas injustificadas, y que debería gravarse como los hidrocarburos, es decir, por su nivel de contaminación. El criterio pasaría ser empezar a pagar por kilocaria, por un lado, y por otro por la polución que genera.

Finalmente, los expertos proponen la supresión del impuesto sobre depósitos bancarios o, en todo caso, considerar indelegable este impuesto a las comunidades y también algunas correcciones en el actual impuesto sobre primas de seguros.