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Economía cree que BDO cometió una infracción grave al auditar Pescanova

El Instituto de Contabilidad abre expediente sancionador contra la firma

El procedimiento puede acarrear multa y suspensión del auditor

Instalaciones de Pescanova en la central de Vigo.
Instalaciones de Pescanova en la central de Vigo.

La crisis de Pescanova le puede salir cara a BDO. La firma auditora siempre había argumentado que su tarea no podía ser descubrir el fraude, sino comprobar las cuentas dentro de sus limitaciones. Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ve indicios de que la firma no hizo bien su trabajo. Ha abierto un expediente sancionador al considerar que ha cometido una infracción grave por "el incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre su trabajo y, por consiguiente, en su informe".

BDO, imputada en la causa abierta en la Audiencia por supuesto fraude, dio su visto bueno a las cuentas de Pescanova año tras año pese a que luego se ha demostrado que no se correspondían ni de lejos con la realidad. El ICAC considera que la auditora BDO incumplió en varios aspectos las normas técnicas de auditoría y que sus papeles de trabajo no reflejan las comprobaciones exigidas para auditar las cuentas. BDO prepara sus alegaciones para defenderse de las acusaciones. Fuentes de la firma valoran  la incoación dentro de la normalidad de las actuaciones del ICAC, destacan que se incoa expediente exclusivamente por control de las normas técnicas de auditoría, sin que se hayan encontrado, por lo tanto, indicios de falta muy grave y recuerdan que, hasta el momento, BDO nunca ha sido sancionada por el ICAC.

El ICAC tiene un plazo de un año para decidir si impone multa o suspensión del auditor como castigo. Las multas previstas son de hasta el 3% de los honorarios facturados por BDO por la actividad de auditoría de cuentas y de 3.000 a 12.000 euros con posible suspensión de hasta dos años para el socio auditor (en este caso Santiago Sañé, contra quien también se abre expediente). La inmensa mayoría de los expedientes abiertos por el ICAC son, como en este caso, por infracción grave. Según datos del sector, de las 510 sanciones impuestas por el ICAC desde 1993, 493 (el 97%) han sido por infracción grave, con unas multas totales de 53,3 millones, con una media de algo más de 100.000 euros. Solo ha habido 6 sanciones leves, por un total de 9.022 euros y 11 muy graves, por 492.739 euros.

El expediente señala el posible incumplimiento de las normas técnicas de auditoría en lo relativo a la planificación, en lo referente a la falta de obtención de evidencia sobre diferentes partidas (sobre todo sobre la consolidación de sociedades) y en cuanto a la valoración del efecto en las cuentas anuales y en el informe de auditoría de omisiones de información en la memoria.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores fue la que alertó al ICAC de las posibles infracciones en relación con la auditoría de las cuentas de 2010 y 2011. La presidencia del ICAC consideró que las posibles infracciones en relación con las cuentas de 2010 estaban prescritas y se puso a investigar los trabajos de la auditoría de 2011 hasta que el pasado 26 de febrero la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina, acordó incoar el expediente sancionador.

El riesgo de fraude

El expediente sancionador baja al detalle de los posibles incumplimientos. En cuanto a la planificación, con respecto al riesgo de fraude, BDO usó como metodología "hablar con la dirección, con lo responsables de gobierno corporativo y con cualquier otra persona de la entidad, sobre cualquier fraude real, sospechado o presunto que haya afectado a la entidad durante el ejercicio". Y concluía que no tenían conocimiento de fraudes en el pasado y que "la segregación de funciones existentes hacen que el riesgo de fraude se mitigue notablemente". El ICAC reprocha que en los papeles de trabajo de BDO no se ha "evaluado la existencia de factores de riesgo de fraude como la integridad de la dirección, la existencia de presiones no usuales [o] transacciones no habituales" que permita "obtener evidencia o no de riesgo de fraude".

El expediente considera que la planificación de la auditoría no fue adecuada en relación con los procedimientos de control interno, el proceso de consolidación o los criterios para fijar los márgenes de error. Se señala, por ejemplo, que no constan los procedimientos para comprobar que determinadas sociedades forman parte del grupo, una de las fuentes de discrepancias contables más importantes en este caso. También se acusa a BDO de no haber comprobado los márgenes en las operaciones de compraventa de existencias entre empresas del grupo, otra de las fuentes del presunto fraude cometido en la empresa. Tampoco cuadran las cuentas de algunas filiales consolidadas con las depositadas en el Registro Mercantil.

En decenas de casos, el expediente reitera la fórmula "no constan los procedimientos.." o "no quedado constancia de que se haya procedido a buscar evidencias..." o similares. La falta de comprobación de datos de las filiales es la fuente de mayores incumplimientos, según el expediente.

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