La CNMC exige al Gobierno más competencias en telecomunicaciones

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, se mostró este martes “esperanzado” de que la Ley de Telecomunicaciones sea modificada en el Senado y que el organismo reciba las funciones que ha perdido en beneficio del Ministerio de Industria. Marín afirmó, en un acto organizado por Europa Press y en presencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, que se había dirigido al Gobierno para exigir esas competencias y que espera que su insistencia se vea reflejada en el BOE. “Cuanto más competencias tengamos será mejor”, subrayó después de quejarse de que la CNMC “es la agencia que tiene menos competencias sobre telecomunicaciones de la UE”.

En efecto, a diferencia de otros países, la CNMC no se ocupa del espectro radioeléctrico, los derechos de los usuarios, de la seguridad de las redes y del registro de dominios de Internet. La ley deja vacío de contenido al regulador y traslada 22 competencias a Industria. Entre ellas, la imposición de obligaciones específicas a operadores, resolución de conflictos en determinadas materias (portabilidad, numeración, guías telefónicas), fraude y uso indebido de redes y servicios, establecimiento de requisitos de calidad, supervisión de las actividades de las Administraciones Públicas, declaración de operadores principales, arbitraje e inspección.

Marín, que resaltó el modelo regulatorio español “admirado en el exterior”, destacó que “siempre hay camino por recorrer”, en referencia a esos asuntos y a las tareas de la CNMC (agrupa la regulación en competencia, energía, postal y audiovisual, además de telecomunicaciones). Sin embargo, evitó dar detalles sobre el plan estratégico del organismo a la espera de hacerlo el 13 de mayo en el Parlamento.

Pese a todo, adelantó que “en días o semanas” habrá culminado la investigación sobre el aumento de precios en el mercado mayorista de la electricidad (conocido como pool) acontecida en diciembre, cuando se suspendió la subasta eléctrica. Marín se mostró a favor de la supresión del sistema de subastas (“se ha dado un paso adelante importante hacia lo que es el mercado libre”, indicó) y respaldó el nuevo mecanismo de fijación de precios en tiempo real. Además, calificó de “normal” el plazo de dos meses concedido por Industria, hasta junio, para la adaptación de las comercializadoras al nuevo modelo. La CNMC había advertido a Industria de que el plazo inicial de un mes resultaba “insuficiente”. En ese sentido, señaló que las indagaciones de la CNMC sobre la velocidad de instalación de los nuevos contadores digitales es “un tema puntual y cargado de tecnicismos”.

Sobre las quejas de los inversores en renovables, puso el dedo en la llaga. “Hay personas que tomaron decisiones con el boletín oficial en la mano sin tener en cuenta el riesgo regulatorio”, señaló al referirse a la reducción de las primas, que tenían rentabilidades del 25%, adoptada por el Gobierno. “Se gastaban 9.000 millones anuales en primas y hay que preguntarse si España puede pagar esa cantidad”, insistió.

Marín, que aprecia mejoras de competencia en el sector de los hidrocarburos tras la ley del sector, animó a que “cualquier persona que aprecie posibles irregularidades en este o en otros sectores lo denuncie” ante el organismo. Asimismo, invitó a los bancos a abrir el grifo del crédito para financiar la economía productiva y estimular el crecimiento. “Nos gustaría ver a los bancos mucho más activos”, señaló antes de mostrarse partidario de profundizar “en las reformas estructurales”.

Por otro lado, afirmó que la posible compra de Digital Plus por parte de Telefónica debería ser analizada por Bruselas por su dimensión comunitaria y que solo si alguno de los afectados o el regulador lo considera oportuno, solicitaría traer para sí el estudio.