El Tribunal Superior de Madrid abre juicio oral contra el juez Elpidio Silva

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó este miércoles abrir juicio oral contra el juez Elpidio José Silva por su actuación en el caso Blesa. La sala de lo civil y penal de la institución justifica la decisión, conocida este jueves, por un "delito continuado de prevaricación, retardo malicioso de la administración de justicia y dos delitos contra la libertad individual", según consta en el auto. Estos delitos está penados con una pena máxima de 30 años de inhabilitación y abre un plazo de diez días para que abone una fianza de 60.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias por las que pueda ser condenado.

El magistrado Jesús Gavilán, instructor del expediente, señala en el escrito que "la existencia de indicios racionales de criminalidad en la conducta del acusado justifican la apertura del juicio oral". El magistrado remite, además, la resolución al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que proceda a declarar la suspensión si lo estima oportuno. El Poder Judicial ha decidido esta tarde iniciar los trámites para la suspensión cautelar de funciones al juez Elpidio José Silva, tras anunciar la Sala de lo Penal Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había decidido abrir juicio oral contra él por su actuación en el caso que afecta al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Los magistrados de esta sala consideran que sobre Silva existen claros indicios de prevaricación cuando investigó al expresidente de Caja Madrid y decidió encarcelarle. El Tribunal entiende que la actuación de Silva fue "abusiva" y que excedió de una mera infracción administrativa.

No obstante, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha dado tres días de plazo al fiscal y al propio juez Silva para que hagan informes y alegaciones al respecto antes de suspenderle en funciones. Cuando un tribunal considera que un juez debe sentarse en el banquillo por un delito, como en este caso y en su día también como sucedió con el juez Garzón, el Consejo del Poder Judicial está obligado por ley a suspenderle cautelarmente de funciones mientras dure el proceso.

El juez Silva no tardó en reaccionar. Convocó a los medios a una conferencia de prensa tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde anunció que presentará una querella contra el magistrado Jesús Gavilán por un presunto delito de prevaricación a la que adjuntará 200.000 firmas de ciudadanos. El juez calificó como "disparate" el auto de apertura de juicio oral. Silva se considera "víctima del funcionamiento torticero y desviado" de una parte de la Judicatura y la Fiscalía que tiene como objetivo "atemorizar a todos los magistrados".

La Fiscalía, por su parte, pide 30 años de inhabilitación y la "incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional", según las diligencias previas presentadas este miércoles por el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix. El fiscal tras hacerse pública la decisión del TSJM calificó el proceder de Silva "absolutamente irregular y contrario a cualquier interpretación posible en Derecho".