La Guardia Civil desarticula una red que ofrecía contratos ficticios por dinero

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero y ha puesto a disposición judicial a un total de 422 personas —beneficiarios de los contratos, miembros de la red y su máximo responsable— en 27 provincias.

Según ha informado la Guardia Civil, las detenciones se han realizado en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Además, siguen las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí, de manera que no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil ha arrestado también a 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

El entramado montó diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina

La operación, bautizada Relisto, se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales.

Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social. El entramado llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas.

De esta forma, la red y su máximo responsable obtenían cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.

De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los organismos correspondientes.