Sacyr y Panamá se comprometen a negociar sobre las obras del Canal

Sacyr y Panamá se han comprometido a negociar para llegar a una solución que evite que se paralicen las obras del Canal. Este primer paso para superar el conflicto ha llegado tras la reunión de la ministra de Fomento española, Ana Pastor, con el presidente panameño, Ricardo Martinelli. "El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va a ir por la vía dentro del contrato (...) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", ha afirmado Pastor a la salida de la entrevista, celebrada en Panamá, desde donde ha negado a la Cadena Ser que "en ningún caso" el Gobierno español está dispuesto a dar dinero a Sacyr para que acaben las obras.

Pastor ha viajado a Panamá para buscar una solución al conflicto que se desató el 1 de enero cuando el consorcio multinacional amenazó con suspender la ampliación del Canal de Panamá. De entrada, el Gobierno español se ha mostrado dispuesto a mediar entre Sacyr y el Ejecutivo panameño, pero a nada más. Durante su visita al país, la ministra también se ha reunido con los representantes del consorcio liderado por la española Sacyr y, después del encuentro con Martinelli, con los jerarcas de la autoridad del Canal.

La consecuencia directa del primer paso alcanzado a nivel gubernamental para solucionar la crisis es que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la agencia estatal panameña que administra la vía interoceánica regresarán este martes a la mesa de negociaciones. Pastor ha indicado que hasta ahora se han llegado a dos acuerdos importantes: sentarse a hablar y que todas las reclamaciones previstas en el contrato sigan los canales de arbitraje establecidos en él. "Ellos deben dilucidar quién tiene la razón, ha reconocido la ministra española, que ha admitido que lo que el consorcio quiere "es un acuerdo que poniendo dinero las partes pueda continuar la obra".

Tras la cita con Pastor, Jorge Quijano, administrador de la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ha confirmado que GUPC, donde además de Sacyr están la italiana Impregilo, como mayoritarios, y la belga Jan de Nul y la Constructora Urbana de Panamá como minoritarios, mantiene la amenaza lanzada la semana anterior de suspender las obras si no se le pagan gastos adicionales por 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros). El grupo de empresas atribuyó este sobrecoste, entre otros factores, a errores técnicos en la información que la Autoridad le aportó para diseñar el proyecto.

“Todavía queda la intención de suspensión. Mañana [por este martes] vamos a tener una reunión con GUPC para abordar algunos temas económicos que tienen que ver con flujos de caja [aportación de fondos extra para evitar la paralización de la obra]”, ha explicado Quijano. Sobre la eventualidad de que los Gobiernos de España e Italia inyecten capital a GUPC no se habló, según ha añadido.

Legislación panameña

En cualquier caso, fuentes políticas panameñas han recordado que las gestiones de Pastor no están respaldadas por la legislación del Canal, ya que este cuenta con sus propios mecanismos para solucionar conflictos. De acuerdo con la legislación canalera, que a su vez cuenta con el respaldo de la Constitución de Panamá, las reclamaciones deben presentarse primero ante la ACP y, de no haber arreglo, se pasará a dos fases decididas por terceros: una Junta de Resolución de Disputas y un arbitraje internacional en un tribunal en Florida.

“El contrato está blindado para todos”, ha asegurado el jurista panameño Jorge Ritter, excanciller de Panamá y exministro de Asuntos del Canal. En una entrevista con el informativo TV Noticias, de esta capital, Ritter ha relatado que “no caben las posiciones intermedias. No cabe la posibilidad de negociar. El Grupo tiene dos opciones: o cumple o se va”.

"Sin términos medios"

El Estado de Panamá “no puede regalarle el dinero” a una empresa internacional, ha subrayado. Si los gastos se sustentan y se demuestran, la ACP está en disposición de pagar, pero siempre ajustado al contrato y sin salirse de sus términos, ha ratificado. Los arreglos en torno al Canal deben adoptarse dentro de lo que se establece en la Autoridad y están fuera de toda consideración o negociación política, ha insistido Ritter. Ni siquiera Martinelli puede ejercer su influencia o poder de decisión para imponer un arreglo, y su papel es únicamente de buscar una solución estrictamente limitada lo que dicte el contrato, ha puntualizado.

El inicio de las negociaciones de Pastor fue precedido por una severa declaración de la ACP, que aseguró este domingo que una nota con la que GUPC amenazó con paralizar las obras de ampliación a partir del 20 de este mes es “inválida” y que los alegatos del contratista “carecen de sustento legal y no son claros”. Según la Autoridad, los gastos adicionales o sobrecostos no han sido demostrados por el Grupo. Aunque aseguró confiar en que la constructora sea capaz “de cumplir los compromisos pactados”, la ACP advirtió que “de no ser así”, de inmediato “pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra”.

Gastos adicionales

El Grupo, por su parte, acusó a la Autoridad de negarse a “instaurar el diálogo” y reiteró que sus reclamaciones están debidamente sustentadas. Así, asegura que los gastos adicionales se deben a la información errónea que le aportó la ACP para diseñar los trabajos, con problemas geológicos o de procesamiento de las mezclas de concreto. “Acudiremos a todas las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos”, dijo Pablo Möder, coordinador de la directiva del Grupo.

GUPC ganó en 2009 una licitación para construir las nuevas esclusas de la ruta canalera, con una oferta de 3.118 millones de dólares, por lo que es la parte más importante de la ampliación, valorada en 5.250 millones de dólares e iniciada en 2007 con la meta de concluir en octubre de 2014, pero ante los frecuentes atrasos finalizarán en junio de 2015. Si se produce la suspensión, las obras seguirán retrasándose.

El otro rival en la licitación, el consorcio liderado por la estadounidense Bechtel International Incorporation, ofertó 4.200 millones de dólares. Según los cables de Wikileaks publicados en 2010 por EL PAÍS, la compañía estadounidense opinaba que la oferta de Sacyr no daba ni para “poner el hormigón”.