La Autoridad del Canal recalca que ya ha pagado el 62% del contrato
El organismo rechaza negociar bajo amenaza de paralización de la obra
Uno de los principales argumentos que maneja la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ante los reclamos del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) es que está al corriente de pago de las obras ya facturadas por el consorcio que lidera Sacyr.
La construcción y el ritmo de pago van casi a la par. GUPC ha culminado ya dos tercios de la ampliación —prevé finalizar en el verano de 2015—, y, según las cuentas de ACP, ha cobrado un 62% del contrato inicial. Los datos de la Autoridad del Canal, difundidos por el rotativo panameño La Prensa, elevan el pago al consorcio a los 2.047 millones de dólares, cuando los contratistas se comprometieron a hacer toda la obra por 3.118 millones.
A esta suma, la agencia estatal panameña añade otros 784 millones de dólares en adelantos entregados a GUPC, lo que hace un total de 2.831 millones desembolsados al consorcio que integran Sacyr Vallehermoso, de España; Impregilo, de Italia; Jan de Nul, de Bélgica y Constructora Urbana, SA, (Cusa) de Panamá.
De los adelantos, el contratista solo ha devuelto a la ACP 52 millones de dólares, pese a que, según la agencia estatal, ha extendido el plazo para realizar estos pagos.
Los pagos al contratista se realizan según el avance de la obra y la ACP afirma que siempre ha cumplido en entregar el dinero antes de los 15 días de recibir la factura, pese a que el contrato le permite pagar hasta 56 días después de la facturación por los trabajos.
La Autoridad del Canal de Panamá recordó que sí ha reconocido el pago de sobrecostes (por ejemplo, 156 millones de dólares adicionales por la variación en el precio del diésel y el coste del acero), cuando se han reclamado según los procedimientos establecidos en el contrato. También ha asumido un incremento de 20 millones de dólares por necesidades de la plantilla.
La ACP se niega a negociar bajo la amenaza de una suspensión de obra. Y recuerda que, en la vía ordinaria, los contratistas tienen derecho a ir a acudir a dos instancias de arbitraje si no están de acuerdo con su decisión sobre los sobrecostes.
