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El consorcio se juega perder 300 millones de fianza por incumplimiento en Panamá

La pública Cesce prestó avales por la parte de la empresa española Sacyr en el Canal

El canal dice que ya tiene un plan b por si el consorcio para las obras

Sede de la compañía Sacyr en Madrid.
Sede de la compañía Sacyr en Madrid. REUTERS

Sacyr se juega mucho en el canal de Panamá. El grupo constructor español obtiene ya más de la mitad de sus ingresos del negocio de construcción en el exterior y el 25% de todo lo que factura fuera de España. Además, el consorcio ha presentado una fianza de cumplimiento de sus obligaciones por importe de 400 millones de dólares (cerca de 300 millones de euros). Esa garantía está avalada por la aseguradora Zurich y, en el caso del 48% de Sacyr, está reasegurada por la empresa pública Cesce. Fuentes de la constructora española, sin embargo, ven muy lejana la posibilidad de que esa fianza llegue a hacerse efectiva porque implicaría la resolución del contrato y un fallo a través de un arbitraje internacional a favor de Panamá. Sacyr cree poco probables cualquiera de los dos supuestos.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá pidió en 2009 a las legaciones en Madrid, Roma y Bruselas que investigasen en qué medida el consorcio liderado por Sacyr estaba recibiendo ayudas públicas. Se refería a las contragarantías de Cesce (en el caso de Sacyr), del Servize Assicurativi del Estero (en el caso de la italiana Impregilo) y de la Office National du Ducroire (para la belga Jan de Nul. Curiosamente, la oferta de la estadounidense Bechtel estaba asegurada por AIG, por entonces nacionalizada.

Desde la parte panameña, la posibilidad de una ruptura no parece contemplarse tan improbable. Aunque el presidente de Panamá viajará a España e Italia para tratar de encontrar una solución y miembros del Gobierno español están tratando también de mediar en la crisis, el administrador del Canal, Jorge Quijano, señaló ayer que la Autoridad del Canal de Panamá ya tiene un plan b para el caso de rescisión del contrato con el consorcio liderado por Sacyr. Quinao no quiso explicar en qué consiste ese plan b y qué otras constructoras podrían acabar la obra si Sacyr y sus socios salen del proyecto. Solo señaló que se ejecutarán “los mecanismos del contrato” para completar la obra.

El contrato de concesión, un documento de 183 páginas en su versión en español a los que se suman numerosos apéndices, prevé un complejo mecanismo de solución de las disputas. Las reclamaciones se presentan inicialmente a la ACP. En caso de ser rechazadas se someten a una Junta de Resolución de Conflictos, una especia de órgano de mediación o arbitraje local. Si alguna de las partes rechaza su decisión, puede instar un arbitraje bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. El contrato fija que el conflicto será resuelto por tres árbitros, quienes serán todos abogados en ejercicio, que la sede del arbitraje será Miami (EE UU) y que el acuerdo de arbitraje y el arbitraje se regirá por la Ley Federal de Arbitraje de los EE UU.

Sacyr considera que el proyecto tenía defectos evidentes. Los estudios geológicos en algunas zonas no eran correctos, los materiales no estaban disponibles sobre el terreno (contra lo que se decía en el pliego) para las especificaciones de cemento y hormigón exigidas y, además, ha habido imprevistos como las fuertes lluvias de 2010.

Por parte panameña, la interpretación va más en la línea de que Sacyr hizo una oferta que ahora no pude cumplir por sus propios fallos. Considera que serían razonables unos sobrecostes del 5% o 10%, pero no de más del 50% como exige el consorcio liderado por Sacyr. Fuentes panameñas, además, recuerdan que el presupuesto ya incluía partidas para posibles contingencias y que se han reconocido a Sacyr correcciones de ingresos al alza por las desviaciones en costes laborales y de las materias primas.

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