El Gobierno fijará directamente el precio de la luz antes de fin de año

El Gobierno ha decidido frenar el tarifazo que amenazaba con subir el recibo de la luz un 11% en enero. En una decisión inédita desde que se liberalizó el mercado, el Ministerio de Industria intervendrá los precios eléctricos a través de un nuevo procedimiento legal que le permita fijar directamente la subida de la luz del próximo mes de enero. Este golpe de mano del Ejecutivo se produce tras la resolución adoptada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de proponer al Gobierno que invalide la subasta llevada a cabo por las eléctricas y los brokers financieros que arrojaron un aumento del recibo del 10,5%, al que había que sumar la subida de hasta un 1% de la parte de la factura regulada por el Ministerio de Industria.

“El Gobierno pensaba que la subida era exagerada e injustificada. La CNMC piensa lo mismo y por eso la hemos anulado. Lo importante es que el resultado de la subasta no se va a trasladar a la factura”, explicó el presidente Mariano Rajoy al término del Consejo Europeo. Se trata de la primera vez que Industria, a propuesta de la CNMC, suspende el resultado de una subasta Cesur, que ya se ha celebrado en 25 ocasiones desde 2009, y que determina cada tres meses la variación de la mitad del recibo que pagan los 18 millones de consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la más común para consumos domésticos.

La CNMC, que comunicó su decisión a las 4.15 horas de la madrugada del viernes, justificó la invalidación en las “circunstancias atípicas” que rodearon la subasta, sin más aclaraciones, por lo que habrá que esperar al dictamen completo que debe emitir en el plazo de quince días para conocer los motivos concretos de un fallo de tal gravedad.

La resolución se produjo horas después de que el ministro de Industria, que instó a la CNMC a pronunciarse en el plazo de 24 horas, considerara “inaceptable” el resultado de la subasta al apreciar indicios de manipulación de precios. Pese a la celeridad de esta última decisión, el Ministerio no adoptó ninguna medida durante las semanas previas a la subasta, pese a que la CNMC le advirtió de que se estaban produciendo subidas anómalas de los precios mayoristas de la electricidad, lo que le llevó a abrir una investigación el pasado día 10. Solo cuando se celebró la subasta, que recogió esos precios artificialmente disparados, el departamento que dirige José Manuel Soria se atrevió a reaccionar. Tras esta resolución, el Gobierno buscará antes de que acabe el año un procedimiento legal que le permita determinar con “criterios objetivos y transparentes” el precio de la luz a partir de enero, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En realidad, ya existe una orden ministerial de 2009 que precisa el método para fijar los precios en caso de que se anule la subasta. El artículo 14 de esa orden permite a Industria fijar precios provisionales basados en la última subasta válida hasta que se celebre un nueva puja trimestral, con la que se ajustaría la tarifa aplicando una media entre ambas subastas. En este caso, se tomaría el resultado de la subasta de septiembre, que arrojó una subida del 3,1%, hasta que en marzo tuviera lugar otro concurso.

No obstante, la vicepresidenta descartó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se fuera a aplicar esa orden. Fuentes del sector indicaron que el Gobierno ha descartado aplicar la ley vigente porque no quiere que se vuelva a repetir el espectáculo ocurrido este jueves, en el que las eléctricas pusieron contra las cuerdas su política energética y desataron una alarma social al disparar los precios de la electricidad. No obstante, como le recordaban este viernes las asociaciones de usuarios, el Ejecutivo se encuentra ahora en la encrucijada de afrontar en solitario la responsabilidad de una subida de la luz, sin desatar las iras de los consumidores, pero evitando al mismo tiempo que las eléctricas engorden el llamado déficit de tarifa si el aumento es muy moderado.

Queda también por dilucidar si habrá exigencias de responsabilidad a las empresas que causaron esas “circunstancias atípicas” que provocaron la anulación de la subasta. De determinarse que hubo prácticas anticompetitivas, la CNMC está obligada a abrir un expediente sancionador. Por eso, en su comunicación nocturna, el organismo que preside José María Marín se cuida mucho de evitar cualquier referencia a manipulación de precios o concertación. Todo apunta a que la CNMC puede justificar la anulación en la falta de ofertas suficientes en la subasta, en la que participaron 30 empresas. Con ese dictamen, no habría ninguna sanción para las entidades que han estado a punto de provocar la mayor subida de la luz de la historia reciente.

La CNMC recordó en su comunicación que ha avisado en reiteradas ocasiones de que el actual mecanismo de subastas debe mejorarse, pero sus avisos fueron ignorados tanto por el actual Gobierno como por el del PSOE, que ahora clama contra el tarifazo pero que en sus años en el poder no movió un dedo para subsanar el método que hizo que el precio de la luz se disparara un 63% durante su mandato. Pese al revuelo, las eléctricas parecen poco afectadas. El presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes, no dudó en señalar que la subasta se celebró como “en anteriores ocasiones” por lo que reconoció “no tener ni la menor idea” de las causas de su suspensión.

Además, retó a que demuestren con argumentos a quienes como el comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, acusan al sector de ser un oligopolio, y pidió que se no “demonice” a las eléctricas a las que se quiere convertir en “los malos de la película”.