Un contador en cada radiador

Un nuevo mercado y nuevas obligaciones para empresas y particulares en materia de ahorro energético es lo que contendrá el Real Decreto que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el de Fomento, y que tendrá que estar aprobado el 5 de junio de 2014.

Se trata de trasponer la directiva 2012/27/UE. Por un lado, obligará a las comunidades de vecinos a que se individualice el consumo por pisos y, por otro, prevé para las empresas no pymes (es decir, de más de 250 empleados y 50 millones de facturación) una auditoría energética cada cuatro años.

Estas son dos de las novedades que el consejero técnico de la Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento del Ministerio, Víctor Valverde, avanzó en la V Mañana de la Edificación, organizada por el Colegio de Aparejadores de Madrid.

En cuanto a los particulares, a partir del 1 de enero de 2017 cada propietario deberá pagar por la energía que consuma en su domicilio, lo que obligará a establecer una contabilidad individualizada de consumos de calefacción en las comunidades con caldera centralizada.

Para conocer el consumo de cada vivienda, además de los contadores o repartidores de calor, deberán instalar válvulas termostáticas que permitan controlar el consumo en cada radiador, según Valverde.

Conscientes de que el coste de esta instalación puede ser muy elevado, según explicó Valverde, se fijará el umbral a partir del cual la medición deja de ser rentable. Dependerá tanto de las características del edificio como de la zona climática. Si el sistema de distribución de calefacción es por columna en lugar de por anillos y se trata, por ejemplo, de un edificio en Canarias, no tendría sentido invertir en mecanismos de control costosos para un consumo de calefacción nulo o bajo.

El coste de estas iniciativas deberá ser asumido por las comunidades de vecinos. Según Jesús Paños, presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid, "habrá que procurar que, en la medida de lo posible, el coste de la instalación de los contadores individuales no recaiga totalmente en los ciudadanos".

Por lo que se refiere a las empresas que no sean pymes, tendrán que elaborar una auditoría energética cada cuatro años. La respuesta sobre cuánto costará es más difícil que la de quién la hará, ya que el Gobierno, además de crear un registro de empresas obligadas a hacerla, prevé otro de auditores habilitados para efectuarlas.

Habrá, además, un tercer registro de auditorías realizadas y un sistema de inspección para comprobar su veracidad.

Otra de las novedades es que para conseguir el ahorro que impone la directiva, se contempla que las empresas comercializadoras de energía cuenten con un sistema de obligaciones, que podría incluir compra de certificados de ahorro energético blancos. De forma similar a lo que sucede con los derechos de emisión de dióxido de carbono, podrían comprarse a empresas de servicios energéticos que los generen y vendan para cumplir así con los objetivos de ahorro.

El modelo está funcionando ya en Italia y Francia, aunque por su gran complejidad requiera permanentes ajustes que, según Valverde, el español tratará de evitar.

Según se barajó en la jornada organizada por el Colegio de Aparejadores, tal compraventa de obligaciones evitaría inversiones extra de la Administración pública. Y el valor del ahorro energético de los certificados blancos podría ser fijado por el IDAE, que sería el gestor de tales obligaciones de ahorro a cumplir por cada sector.

"Este nuevo mercado, similar al de emisiones en su funcionamiento, incorporará incentivos de mejora a tener en cuenta por las empresas, que puede ayudar a alcanzar los compromisos adquiridos en la UE, pero serán precisos mecanismos financieros e incentivos fiscales, sin olvidar que hay que continuar la labor de formación y concienciación", anota Jesús Paños.

Esta directiva que se impone desde Europa para impulsar los objetivos de ahorro energético contó con la oposición española porque modifica sustancialmente las líneas de actuación seguidas durante los últimos años para fomentar el ahorro energético por lo que, entre otras cosas, dejarán de computarse los ahorros conseguidos durante los últimos años en los planes renove, como por ejemplo el dedicado a las ventanas.

Lo cierto es que los ministerios concernidos trabajan para trasponerla y los deberes que impone a España son los de conseguir en el periodo de 2014-2020 un ahorro acumulado de 15.979 ktep (kilotoneladas equivalentes de petróleo).

Suponen una media de ahorro de 571 ktep/año, que traducido a megavatios/hora serían 6,74 millones. Aunque para ahorrar primero hay que invertir: la cifra apuntada son 4.000 millones de euros al año en medidas de ahorro y eficiencia energética

Sobre la trasposición de esta directiva, el presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid explica que "la edificación desempeña un papel clave en el cumplimiento de estos objetivos de ahorro". Nadie se libra de los deberes comunitarios.