El coste de la incompetencia

El recibo de la luz se ha convertido en un problema muy grave para los hogares españoles. Después de la subasta de hoy, volverá a subir en enero, entre el 11% y el 13% y agudizará la penosa situación de muchas familias sufrientes de lo que se conoce como pobreza energética: recibo de la luz que no se puede pagar, electricidad cortada, frío y oscuridad. Quede bien claro que estas no son consecuencias de una evolución natural de los precios de la energía eléctrica. En un mercado, los consumidores deben pagar los costes de los servicios que contratan. Pero la electricidad en España no es un mercado que responde a la oferta y la demanda; es un sistema regulado, donde falla estrepitosamente el mecanismo de cálculo de los precios.

La situación para el consumidor está a cinco minutos de convertirse en insostenible; el supuesto mercado eléctrico operado por la no menos supuesta subasta, es instrumento manipulable, hasta el punto de que los agentes concurrentes disparan el precio a fecha fija como respuesta a cualquier cosa que consideren amenaza, desde los impuestos decididos por el Gobierno a finales de 2012 hasta el rotundo fracaso de la reforma eléctrica encaminada a reducir el déficit.

El supuesto mercado está sujeto a tales condicionamientos externos que impiden el libre juego de la oferta y la demanda y cae continuamente en la volatilidad. Es imperativo cambiar el cálculo de los precios. Es imposible explicar a un ciudadano, porque no tiene explicación alguna, que si la electricidad se guía por un mercado, el precio se encarezca escandalosamente en un periodo de intensa caída media de la demanda.

Pero no es sólo el deficiente sistema de fijación de precios por lo que España tiene la tercera electricidad más cara de Europa, solo por detrás de Chipre y Malta. También juegan la deplorable gestión política de los mercados energéticos, de la que no se libran los Gobiernos socialistas. Durante lustros se ha permitido la acumulación de inversiones que ahora sobran y que hay que pagar en la tarifa; durante años se ha permitido que funcione un mecanismo de precios que genera derechos económicos reconocidos a las empresas eléctricas, mientras las compañías se benefician del beneficio marginal que obtienen con inversiones amortizadas en generación hidráulica y nuclear.

Y en cualquier país de Europa un fracaso como el de la Reforma Eléctrica, muerta antes de nacer por la falta de entendimiento entre los ministros de Industria y Hacienda, hubiera provocado una crisis inmediata de Gobierno, al menos en el equipo económico. Porque ese fracaso le cuesta dinero a los consumidores _entre otros, a los que se les cortará la luz en medio de una ola de frío_ y a los ciudadanos, a través de impuestos. La broma del malentendido entre Montoro y Soria costará a los consumidos pagar no sólo los 3.600 millones que ha retirado el ministro de Hacienda, sino unos costes financieros de 144 millones anuales durante quince años. Hipotecas como ésta, producto de la incompetencia política, repetidas durante años, explican la brutal subida en enero y el coste desorbitado que pagamos los españoles por la luz.