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Grecia o la cara más amarga de las políticas de los ‘hombres de negro’

Veintiún trimestres de recesión acercan a gran parte de la población a la pobreza

Una vendedora ambulante en una calle de Atenas
Una vendedora ambulante en una calle de Atenas EFE

Tras dos rescates por valor de 240.000 millones de euros, una quita de la deuda y seis años de recesión, Grecia es hoy un país con una clase media devastada, amplias capas de la población prácticamente en la indigencia y unas perspectivas de recuperación tan endebles que este verano, coincidiendo no se sabe si interesadamente con la campaña electoral alemana, se aventó la posibilidad de un tercer rescate, de unos 10.000 millones, algo que llegó a reconocer el propio ministro de Economía griego, Yanis Sturnaras.

Pero el discurso derrotista es solo una cara de la moneda, del otro lado queda el éxito irlandés, y los resultados del alumno aplicado sirven a la troika para azuzar aún más a Grecia, a la zaga de otros países rescatados. Su economía se contrajo un 4% en los nueve primeros meses de 2013, la deuda supone hoy el 156,9% del PIB y la tasa de paro sigue batiendo récords en la UE: el 27,4% en septiembre (casi el 52% entre los menores de 24 años), con un práctico empate entre población activa (3,6 millones) e inactiva (3,3) en una población de 11 millones. El Gobierno, sin embargo, enseña la zanahoria de un superávit primario de 812 millones de euros en 2013 y la previsión de que el PIB crezca el año que viene, por primera vez en seis años, un 0,6%. La troika se permite dudarlo.

Los Presupuestos para 2014 aprobados el pasado día 8 contemplan recortes adicionales por 3.000 millones de euros, pero la oposición los critica por “virtuales” al no contar aún con el beneplácito de la troika, que esta semana ha visitado por enésima vez Atenas. Los hombres de negro insisten en dos puntos: que se ponga fin a la moratoria antidesahucios y se salde un agujero presupuestario de 1.200 millones; su empeño en el renqueante programa de privatizaciones, que avanza un paso y retrocede tres, es otro de los escollos de la negociación.

Al calor de las elecciones alemanas se habló de un tercer tramo de ayudas

La exigencia de anular la moratoria de desahucios, vigente desde 2010, es un fantasma que no solo acecha a amplias capas de población depauperada —de aprobarse, arrojaría a la calle a unas 150.000 personas—, sino que también compromete la débil mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo de Andonis Samarás: los diputados de su partido, la conservadora Nueva Democracia (ND), ya han advertido que no votarán contra la moratoria. “Tal medida podría desembocar en una guerra civil”, ha advertido la portavoz de ese grupo parlamentario. La fragilidad política es tan palmaria que los Presupuestos fueron aprobados solo por 153 diputados, entre conservadores y socialistas del Pasok, en una Cámara de 300 escaños. Tres defecciones más en las filas del bipartito y Grecia se vería abocada a las urnas.

Veintiún trimestres seguidos de recesión han abismado a Grecia en niveles de pobreza que van más allá de la privación. En términos estadísticos, es ya el cuarto país más pobre de la Unión Europea, tras Bulgaria, Rumanía y Letonia: 3,8 millones de griegos (el 34,6% de la población) rondaban la pobreza o la exclusión social en 2012, según Eurostat, frente al 31% en 2011. Alrededor de 350.000 hogares viven sin luz, al habérseles sido cortada por impago de las facturas; según la eléctrica estatal, 20.000 hogares se quedan a oscuras cada mes, lo que provocó tres muertes en la primera semana de diciembre por fuegos improvisados para iluminar o calentar la casa. Ante el clamor social, y la actuación de guerrillas urbanas que devolvían en plan pirata la conexión a los hogares carentes, el Gobierno ha ordenado restablecer la corriente a los necesitados.

La conflictividad social tampoco cesa: el último ejemplo ha sido la huelga de médicos del sistema público de salud (Eopy), en protesta por el pase a la reserva —o predespido— de 2.500 especialistas. El presupuesto de los hospitales se ha recortado un 40%, lo que ha obligado a suspender muchos actos médicos, entre ellos operaciones no imprescindibles. El 30% de la población —incluidos los que han dejado de cotizar o quienes han agotado el año de subsidio de desempleo— no tiene acceso a la sanidad pública.