La Audiencia avala que las cinco grandes eléctricas financien el déficit de tarifa

Iberdrola ha perdido otra batalla en los tribunales contra la obligación de financiar el déficit de tarifa. En una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso el pasado 20 de noviembre, la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de la eléctrica contra la resolución de 13 de diciembre de 2012 de la Comisión Nacional de la Energía con la liquidación provisional del periodo de facturación del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre de 2012, que imponía a Iberdrola el pago de 41,38 millones en concepto de desajuste temporal al haberse superado el déficit de ingresos previsto para dicho periodo.

Los jueces habían rechazado otros recursos contra la obligación de financiar el déficit de tarifa, esto es, la diferencia entre los ingresos y los costes reconocidos a las eléctricas, que se va recuperando con recargos en la factura de la luz a lo largo de los años. Sin embargo, según la sentencia, en los anteriores recursos “no se planteaba la falta de justificación de las razones por las que se imponía a ella y a las otras empresas esa obligación, ni se cuestionaban los porcentajes concretos, [del 35,01% en el caso de Iberdrola]”.

Pero de poco ha servido alegar eso ahora. La nueva sentencia copia literalmente decenas de párrafos de anteriores fallos de la misma sala. “Se constata que son las empresas más relevantes del sector eléctrico, a las que se les impone la obligación de pago, luego se integra el criterio de proporcionalidad”, defiende el tribunal. Los jueces consideran que “no es de recibo que el demandante alegue al cabo de los años falta de justificación de un trato distinto, en definitiva, arbitrariedad, cuando, al menos desde el año 2000 ha sido objeto de ese trato sin que haya cuestionado la razón de su inclusión” en la financiación del déficit. Los jueces consideran que hay “un objetivo legítimo, que lleva a imponer obligación de pago a las empresas más significativas dentro del sistema eléctrico, de las que cabe presumir una mayor capacidad para soportar dicha prestación impuesta normativamente en un régimen regulado”.