La crisis en la Agencia Tributaria

Los ceses en la cúpula de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT), el órgano encargado de inspeccionar e investigar a las grandes empresas, es un hecho muy grave. En primer lugar, porque es un ejemplo más de que la política económica, y más concretamente la política de consolidación fiscal del Gobierno, está siendo tremendamente injusta.

Así, 2014 será el año de mayor presión fiscal de la democracia para la gran mayoría de ciudadanos. Cuando alrededor de 50 impuestos se han subido o creado con el Gobierno del PP y llevado a cabo los mayores recortes sociales de la historia reciente, la dirección política de la Agencia Tributaria quería perdonar, a través de oscuras influencias, a una gran empresa multinacional en torno a 450 millones de euros, producto de la ingeniería fiscal que suelen efectuar las multinacionales para terminar prácticamente no pagando impuestos.

Las constantes injerencias políticas y polémicas en la dirección de la Agencia Tributaria hacen un daño irreparable a la conciencia fiscal y a la lucha contra el fraude en España. Pero a estas alturas de la legislatura lo que ya está claro es que la lucha contra el fraude y la elusión fiscal no es una prioridad para el Gobierno. Basta recordar la obscena amnistía fiscal que ha posibilitado que se pueda regularizar, por un módico tipo del 3%, capitales con origen en el delito y la corrupción, incluso que el extesorero del PP Luis Bárcenas se acogiera a la indecente amnistía fiscal, así como las reducciones continuadas de medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude, que llevan camino del desmantelamiento presupuestario en unos años de la Agencia Tributaria.

No menos grave que lo anterior es la captación partidista del aparato del Estado que viene practicando este Gobierno y que nos aleja del objetivo de tener un sector público eficiente, independiente, motor e impulsor del crecimiento económico y de la cohesión social. Es precisamente esa invasión de las instituciones desde el poder político una de las características que distingue a un país desarrollado de un país atrasado, lo que distingue la modernidad del despotismo. Esa intrusión en las instituciones por parte del Gobierno genera desigualdad, privilegios, inseguridad jurídica, corrupción y desincentivos a invertir en proyectos a largo plazo, que son los rentables social y económicamente hablando.

La lista de casos va creciendo con el paso de los meses: la destitución de la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sustituyendo a un grupo de profesionales cualificados e independientes por personas afines y familiares del Partido Popular. Esta Oficina, hay que recordar, investiga asuntos como el caso Gürtel. Los más de 300 ceses en la Agencia Tributaria desde enero de 2012, según denuncia la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. No menos llamativo es el informe de la Agencia Tributaria por el que se avala que el PP pueda desgravar donativos ilegales.

Todo ello se suma a una larga lista de asaltos a las instituciones por el Gobierno, como lo sucedido en RTVE, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en la CNMV, o la aprobación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que hasta Bruselas ha dicho que no es independiente.

Pedro Saura García es portavoz de Hacienda del Grupo Socialista y profesor de Análisis Económico en la Universidad de Murcia.