Mucho brindis (y poco apoyo) a la exportación

Hablemos más de la economía real. Propugnamos reindustrializarnos, como Alemania y no como Reino Unido, y dejamos que la manufactura se tambalee (el síntoma Fagor): en 35 años el peso de la industria en el PIB ha bajado del 30% al 15%.

Nos jactamos del motor que suponen las exportaciones (y otros engranajes de la internacionalización), como en Alemania. Celebramos que han crecido el 6,6% hasta agosto (aunque a menor ritmo que antes; en 2011 lo hicieron al 15,4%), y corresponden a empresas que son un 77% más productivas que el resto. El stock de inversión española en el exterior era del 3,6% del PIB en 1996 y ahora supera el 50% del PIB. Y el sector exterior contribuye al conjunto de la economía con un 0,4% positivo del PIB. Bravo.

Pero hacemos muy poco por apoyarlas. Una reciente ley de retales fiscales (16/2013, de 29 de octubre) ha acabado con los penúltimos beneficios fiscales a las empresas españolas que invierten en el exterior (por deterioro de su valor o para compensar pérdidas). Otros ya fueron antes cancelados o reducidos: por gastos financieros, por fondo de comercio, por financiación de inversiones.

Es cierto que el impuesto de sociedades conllevaba, y arrastra aún, una execrable maraña de deducciones y exenciones que lo hacen un coladero apto para listillos (rentas de posición) y lo debilita como arma recaudatoria. Pero ¿acaso no se pueden establecer otros mecanismos que compensen la desaparición de esos estímulos a la internacionalización de las empresas?

Claro que sí. La prueba está en que la Ley de Apoyo a los Emprendedores (14/2013, de 27 de septiembre) dedica atención a ese propósito. Pero de modo genérico o para reordenar burocracias y normas anteriores. Apenas crea un “Fondo para Inversiones en el exterior” (artículo 56) mediante el que el sector público pueda tomar participaciones “temporales minoritarias y directas” en compañías exportadoras o con implantaciones exteriores. Y refuerza el “Fondo para la Internacionalización de la empresa” (artículo 57) para que preste asistencia técnica y consultoría sobre todo a las pymes que quieran salir fuera.

Veremos lo que dan de sí. De momento, la cruda y dura realidad es que la falta de crédito, privado (cae nueve puntos) y público (el del ICO cae 21 puntos de enero a agosto), sigue asfixiando a la empresa (exportadora o no). Y que el gran cañón Berta en la batalla de la exportación, el ICEX, sigue en paños menores. Su presupuesto para 2014 es de 84 millones (un millón cosmético más que en 2013), un tercio de los 264 millones de 2008 y poco más de la mitad de los 135 millones de 2011.

Hace poco más de un año, el Instituto de la Empresa Familiar formuló en un denso estudio 40 propuestas para afianzar el sector exterior español, ese que es el único en darnos alegrías (El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, www.iefamiliar.com).

Había desde propuestas institucionales (coordinación público-privada y entre las distintas Administraciones, mayor especialización de las distintas agencias, mayor imbricación servicio exterior/Cámaras); hasta medidas fiscales (deducciones por asistencia técnica, titularidad de activos exteriores para calificar la solvencia en casos de aplazamiento de deudas...), pasando por otras para fomentar la innovación (programas específicos para apoyar la salida, como en Reino Unido).

De todo aquel caudal de ideas, el Gobierno asumió, con parsimonia, algunas. La mayoría no han sido recogidas. O replicadas. O sustituidas por otras mejores.

Parece claro que de todo ello se deduce una conclusión. El mérito de la perseverancia en la exportación, y los buenos resultados cosechados, corresponden casi exclusivamente a las 40.000 empresas que se vuelcan en ella regularmente. A sus empresarios y a sus trabajadores. Que nadie más se ponga medallas.