“España nos roba”

Si El Corte Inglés reduce un 10% sus precios en un edificio de nueve plantas, ¿de cuánto es la rebaja? Para todos, del 10%. Para el eximio nuevo económetra Ignacio González González —también famoso como presidente de la Comunidad de Madrid, CAM—, el descuento será del 90% (9 x 10). Al menos si aplica el baremo de su rebaja fiscal: es del 0,4% en cada uno de los cuatro tramos del IRPF, por lo que la ha vendido como del (0,4 x 4=) ¡1,6%! Genial.

Lo mejor de esta rebaja es que solemniza el principio de autonomía, incluso para la competencia fiscal, algo normal en un Estado compuesto, si no genera deslocalizaciones de sujetos y bases imponibles o desviaciones de flujos económicos exagerados, distorsionadores o provocados por ventajismos. Ninguna patronal acusa a González de romper la unidad de mercado, ya se sabe que no es Oriol Junqueras. Ni siquiera el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, el que creó ex-novo, aposta, un puesto de empleada de postín para Lourdes Cavero, esposa del económetra, en la organización empresarial madrileña.

Lo peor es lo demás.

Técnicamente, es dudoso que esta rebaja (y la de otros impuestos) ayude a cuadrar las cuentas madrileñas, este año y en 2014. Es verosímil lo contrario. A final de agosto, su déficit ascendía al 0,91% del PIB, superando el objetivo del 0,7% con que se elaboró el presupuesto para todo 2013. Y si los cuatro meses restantes siguen a igual ritmo, (0,11 puntos/mes) superará el 1,36%, desbordará el -1,07% que le autorizó el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Acertaba la ironía de Cristóbal Montoro: “Será que les sobra el dinero”. Y el recordatorio de Luis de Guindos a quienes compiten en rebajas: “Hay que cumplir con el déficit”.

Socialmente es discutible que se rebajen impuestos (incluso el IRPF, exorbitante con las rentas del trabajo) si se recortan prestaciones sanitarias y educativas. Y llueve sobre inequidad mojada, pues los impuestos de donaciones y sucesiones gozan en la CAM de exenciones del 99%. Acertaba Soraya Sáenz de Santamaría al advertir que de la “obtención de ingresos” depende “la financiación de los servicios básicos”.

“Queremos el dinero que nos corresponde a los madrileños”, blande González desvelando sus propósitos: presionar ante la reforma de la financiación autonómica e iniciar la carrera preelectoral. Otros denostan la “persecución (¡!) a la que somete el Gobierno central” a los madrileños, escribe el director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, Antonio Barderas (Expansión, 29 de octubre). Nos vamos acercando al “España nos roba”, ese delicado, sutil lema del sector más recalcitrante del secesionismo catalán.

Quiere el azar del calendario que este victimismo coincida con la socialización de pérdidas de las cuatro autopistas radiales de Madrid, la AP-41 a Toledo y la M-12 a Barajas (3.600 millones potenciales), amén de otras (hasta 4.500 millones de deuda a los bancos). Es un rescate público a las constructoras, pues su inclusión en la Empresa Nacional de Autopistas implica la garantía pública de esas deudas privadas, un segundo mini-rescate a la banca (¿ayuda de Estado?) y un capote a la capital.

O sea: desde ya habrá que incorporar los costes de la radialidad (para los demás) al debate financiero territorial. Las ventajas de la capitalidad (contando inconvenientes) debieran descartar al Madrid-Distrito-Central de la lista de autonomías normales: por su dotación de infraestructuras públicas; por sus mayores huestes en el sector público, estabilizador del consumo en las crisis; por sus sedes corporativas (60% de las empresas del Ibex); por su monopolio en organismos centrales de la Administración central. ¿Persecución? ¡Mamma mia!