Bruselas abre una investigación por los acuerdos con Ryanair en Reus y Girona
La Generalitat y otras entidades abonan ocho millones al año a la aerolínea La Comisión entiende que podrían beneficiar indirectamente a la compañía La investigación se ha iniciado tras la denuncia de una de sus rivales en El Prat
La Comisión Europea investigará de forma “exhaustiva” el acuerdo que la aerolínea irlandesa Ryanair firmó en 2011 con la Generalitat y otras instituciones públicas y privadas de Girona y Tarragona para que la compañía de bajo coste mantuviera sus rutas en los aeropuertos de Reus y Girona. Con ese contrato, la low cost se aseguró el cobro de ocho millones de euros a cambio de aportar 4,5 millones de pasajeros a ambas instalaciones aeroportuarias. El pacto fue denunciado en 2012 por otra aerolínea, al considerar que se trataba de una “ayuda estatal ilegal”.
El Gobierno comunitario analizará ahora si esos recursos distorsionaron la competencia entre las distintas aerolíneas que operan en Cataluña. “Ateniéndose a la información de que dispone, la Comisión no puede descartar que los acuerdos de comercialización otorguen a las compañías aéreas o a los aeropuertos implicados una ventaja indebida”, señaló la Comisión.
El Gobierno catalán negó este miércoles que se trate de una ayuda y un portavoz destacó que son “contratos de marketing y promoción turística como los que se firman en otros aeropuertos de todo el mundo”. De hecho, explicó que el acuerdo se remitió en 2012 a la Comisión Europea para que conociera la naturaleza del acuerdo, ya que en otras ocasiones se habían abierto investigaciones idénticas por acuerdos similares. Ryanair subrayó que sus acuerdos “cumplen plenamente con las normas de competencia” y que el Tribunal de Justicia Europeo descartó una denuncia efectuada por un acuerdo firmado en 2008 con el aeropuerto belga de Charleroi.
Bruselas es consciente de que los acuerdos se refieren a la publicidad de las regiones afectadas, pero ha decidido analizar todos los contratos de esa índole firmados con aerolíneas que en algún momento han recalado en los dos aeropuertos catalanes. La cuestión es saber si la Administración —la Generalitat paga cinco millones de euros anuales— alivia con esos acuerdos la carga de costes sobre los aeropuertos y las compañías, haciéndolas más competitivas.
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