La UE enfría el plan para acabar con el sobrecoste del móvil en el exterior
Los países miembros consideran el proyecto prematuro porque castigaría los ingresos y la inversión de los grandes operadores
Los planes de la Comisión Europea para regular mejor el mercado de telecomunicaciones se han topado con un muro. La mayor parte de los Estados miembros recelan de un proyecto cuya principal seña de identidad es el fin progresivo del sobrecoste de las llamadas de móvil en el extranjero, el llamado roaming. Los grandes Estados consideran la iniciativa prematura y demasiado exigente con las empresas. Esas reticencias hacen muy difícil que la ambiciosa propuesta para lograr un mercado único en este sector vea la luz antes de las próximas elecciones europeas, como pretendía el Ejecutivo comunitario.
El plan europeo más ambicioso en 26 años de mercado de telecomunicaciones, como lo denomina la Comisión Europea, corre el riesgo de quedar aparcado o muy rebajado respecto a la intención inicial. Los Estados miembros, que ahora deben pactar con el Parlamento un texto común, han recibido con escepticismo el plan que la vicepresidenta Neelie Kroes presentó el pasado 11 de septiembre, en el último minuto para que aún pudiera tramitarse en la Eurocámara antes de los comicios, que se celebrarán en mayo de 2014. “Todos los Estados miembros dicen que es una tarea muy complicada. No lo creemos posible en esta legislatura”, aseguran fuentes próximas a la presidencia de turno de la Unión Europea (lituana).
La Cumbre del 24 y el 25 de octubre analizará la propuesta
La medida más inmediata y concreta de ese paquete consiste en acabar con el roaming en varias fases. La Comisión propone que a partir de julio de 2014 las telefónicas no puedan cobrar al usuario por recibir llamadas en el móvil cuando viaja al extranjero. Para otros usos (llamar, conectarse a Internet…), deben llegar a acuerdos para ofrecer a todos los clientes con móvil extranjero las tarifas que cobran por los nacionales. Si no lo hacen, los clientes podrían conectarse a una red local al llegar a cualquier país de la UE sin comprar una nueva tarjeta y sin que sus compañías puedan penalizarlos.
Los Estados coinciden en que el sobrecoste por esas llamadas es injusto, pero juzgan muy estricta la propuesta de la Comisión. “¿Cómo vamos a compensarlos por el negocio que pierden? Se resentirá la inversión”, apuntan fuentes del Consejo. La mayoría de los Estados consultados detectan esos riesgos para la inversión en el proyecto de Neelie Kroes, comisaria responsable de Agenda Digital.
En 2014 tenía que entrar en vigor el fin del cobro por llamadas entrantes
El Ejecutivo comunitario rechaza de plano esos argumentos. El portavoz de Kroes niega que el paquete sea prematuro y subraya que fueron los Estados miembros quienes lo pidieron. “Si se quejan es porque no les gusta”, concluye este portavoz, que pese a todo ve vías para la negociación y espera que el Parlamento emita un primer voto sobre el texto en abril para aprobar definitivamente el paquete antes de final de año. Se trata de un horizonte ambicioso que, en todo caso, dejaría en el aire las medidas del roaming previstas para julio. Los países miembros están muy condicionados por las objeciones que ponen las grandes compañías —la mayoría antiguos monopolios con capacidad de influencia— a la nueva regulación. Una de las principales inquietudes reside en el objetivo confeso de la Comisión de reducir el número de operadores. Mientras mercados muy superiores en tamaño, como el estadounidense o el chino, cuentan con tres o cuatro firmas, de gran tamaño, Europa se pierde con más de 40 grandes operadores y 28 regulaciones diferentes. Bruselas quiere acabar con ese escenario rompiendo las barreras nacionales a las grandes operadoras, algo que muchos países no acaban de ver o prefieren que se produzca de forma natural, sin intervención.
Los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios tendrán una primera oportunidad para analizar la propuesta en el próximo Consejo Europeo, el 24 y 25 de octubre. Alemania y Francia coinciden con la Comisión en impulsar el liderazgo europeo de telecomunicaciones y fomentar el empleo, pero difieren en las medidas. Francia presentará una propuesta que pide considerar el mercado de manera más amplia —todo lo que concierne al mundo digital— y mejorar la financiación de las pymes que se adentren en el negocio. España comparte los objetivos de Bruselas, pero estima que el proyecto está lastrado por las prisas de Kroes.
Lo que nadie duda es que la propuesta de la Comisión no verá la luz tal como ha sido redactada. Kroes ya se ha mostrado dispuesta a dialogar, aunque ha advertido de que no hay muchas alternativas. La vicepresidenta ha subrayado que el paquete contó con el voto unánime de todos los comisarios, aunque en la elaboración algunos departamentos —entre ellos Competencia— expresaron también reservas, según fuentes conocedoras del proceso.
Consciente de todos esos retos, el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, envió una carta a los Estados a finales de septiembre instándolos a avanzar en la regulación del mundo digital. Barroso apeló al elemento que más puede preocupar a los gobernantes: el potencial de ese sector como generador de empleo de calidad.
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