Juicio en Pozuelo contra Hermo Patiño: 120 cooperativistas sin casa ni dinero

En un lado 120 cooperativistas, 81 viviendas en el aire y un desembolso de 53.000 euros de media y, en el otro, Manuel Hermo Patiño con un entramado de empresas, algunas de ellas en procedimiento concursal que, de manera directa o indirecta, son de su propiedad. Una actuó como gestora de cooperativas y fundó la sociedad cooperativa Parque Móstoles el Soto; otra, era propietaria del suelo y la otra era la constructora. Así se quedaba todo en casa. Y al consejo rector, que es el órgano que representa a la asamblea de cooperativistas, lo nombró la propia gestora. Uno de los cuatro miembros era un trabajador del grupo empresarial y no era socio cooperativista. Y firmó lo que hiciera falta; entre otras cosas el contrato de opción de compra del suelo.

Que fuera empleado de la propia empresa (de la constructora Urbinco) y que el consejo rector no fuera elegido en asamblea que pudo celebrarse porque ya contaba con 30 socios, es la menor de las irregularidades.

Manuel Camilo Hermo Patiño tiene seis cargos en ocho empresas y ha salido varias veces en la prensa por cobro de sobreprecio en vivienda pública o por cobrar a precio libre viviendas protegidas en 2005 y "en 2003 fue acusado por la Fiscalía de Madrid, junto a cargos del PP en Alcorcón, de presuntos delitos de prevaricación, manejo de información privilegiada y cohecho. Hermo Patiño fue socio de los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, relacionados con la presunta compra de voto a los tránsfugas del PSOE en Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez", según publicaba El País.

Se ve que eso no lo sabía Caja Madrid cuando abrió una cuenta en la que los cooperativistas fueron depositando el dinero desde 2008 para esa promoción, sin aval bancario alguno ni seguro que garantice las cantidades que iban entregando a cuenta, tal como marca la ley. En la sucursal de Villaviciosa de la entidad al actual presidente de la cooperativa, Jesús Hoyos, le dijeron -cuando fue a hacer el primer ingreso y cerciorarse de que todo estaba en orden-  que el promotor y la empresa “eran gente seria”.

Él era presidente de la junta de compensación del ámbito donde estaba la parcela y debería haber 110 viviendas. Y de la junta formaba parte el Ayuntamiento también como propietario de suelo.

Fue entre finales de 2007 y principios de 2008 cuando la gestora Azerca montó la cooperativa para la compra de un solar en el Plan Parcial 7 de Móstoles. La empresa dueña del suelo se denomina Estudio 5. Explican los cooperativistas que les explicó que sobre la parcela tienen cabida dos edificios. Uno para su promoción (inicialmente, de 55 viviendas) y otro para otro edificio que el Ayuntamiento de Móstoles iba a promover y adjudicar a través de su empresa municipal y que iban a compartir las zonas comunes. A la hora de la verdad, de la del Consistorio no se supo nada y acabaron quedándose con ambos edificios para un total de 110 viviendas. Y, también a la hora de la verdad, la parcela mide menos de lo que se les vende, lo que quiere decir que el proyecto de edificación, con detalle de pisos que ya iban repartiendo a cada socio que se apuntaba, y que había sido visado por el Colegio de Arquitectos y sobre el que el Ayuntamiento llegó a darles licencia de obras, era de imposible ejecución porque invadía una parcela anexa.

“Cuando vendían las bondades del proyecto, tenían las oficinas en el centro empresarial de La Finca, una conocida urbanización de lujo. Se presentaban como grupo promotor inmobiliario y decían que como eran propietarios de suelo, constructora y gestora y todo iba de su mano no tenían que discutir con nadie y todo estaba planificado para que empezaran las obras en julio de 2008 y terminaran en abril de 2010”, recuerda Hoyos. A cambio, el cooperativista desembolsaba 30.000 euros más 1.200 al mes.

Luego se ha visto que en el contrato firmado para la ejecución de obras se contemplaba una desviación de hasta el 30%. Cuanto más cobrase la constructora más cobraría la gestora.

Lo cierto es que en otro momento, ya no era una ventaja ser un grupo y se les explicaba que gestora y dueña de suelo eran empresas independientes y que si no abonaban tres millones de euros perderían todo lo desembolsado ya que el contrato de compraventa vencía en septiembre de 2010. Una bonita manera de quedarse con todo lo aportado.

En un momento dado cuando Jesús Hoyos pasó a formar parte del consejo rector y pidió explicaciones, le dijeron que el retraso era porque ningún banco les daba financiación. Pero él veía que en Móstoles sí se estaban construyendo viviendas. Tras varias gestiones personales acabó encontrándola. “Era martes por la mañana a medio día y mi interlocutor en una entidad financiera de gran tamaño, con el 75% de la promoción cubierta y el tipo de vivienda, lo vio todo claro y pensó en dárnosla... pero a las siete de la tarde me llamó: "he estado comiendo con un compañero del banco y no puede ser. Hemos refinanciado un pasivo de 300 millones a ese grupo de empresas que os gestiona, vende suelo y os construirá y sería aumentar el nivel de riesgo. Y que sepas que están muy mal”, le dijo.

Otro culebrón es el de los movimientos societarios entre las empresas de Hermo Patiño. Por ejemplo Estudio 5 le pagó más de 20 millones de euros por la compra de un porcentaje de su participación en otra empresa del grupo. Entre compras, repartos y procedimientos concursales, ha descapitalizado las empresas con lo que se teme que no podrá atender a lo que reclaman los cooperativistas que han desembolsado 2,5 millones de euros.

Hoy y mañana, 2 y 3 de octubre, se verá en los juzgados de Pozuelo de Alarcón el juicio ya que la cooperativa ha denunciado a Hermo Patiño accionista principal o único en el entramado de empresas que se han beneficiado de las aportaciones de los cooperativistas, con una edad media de 30 años, que aspiraban a una vivienda protegida de entre 40 y 70 metros cuadrados y se han quedado sin dinero y sin vivienda.

El solar de momento no está urbanizado y las obras están paradas y con importantes cargas de urbanización. Pagaron por él 1,6 millones de euros. También han abonado unos 280.000 euros por impuestos al ayuntamiento. El ICIO les ha sido devuelto cuando renunciaron a la licencia de edificación pero no las tasas. Y también pagaron más de 300.000 euros por el proyecto a los arquitectos, más los correspondientes impuestos a Hacienda. Muchas oficinas y organismos públicos o semipúblicos. Ninguno les ha servido de protección.