Arbitrariedad y competencia

El pasado domingo, Angela Merkel condujo a los cristianodemócratas a una clara victoria electoral. Alemania es con ello la única gran nación europea que no ha cambiado de signo político desde el comienzo de esta crisis económica. Más allá de los méritos o deméritos de la canciller, su victoria solo ha sido posible por el éxito económico de Alemania. Una tentación fácil es atribuir tal éxito a las reformas Hartz del canciller socialdemócrata Schröder o a la moderación salarial. Pero estas políticas recientes no son su razón última. El secreto de Alemania es la construcción de una economía basada en las reglas y en el reparto de poderes entre distintas instituciones, funcionales y territoriales.

El desastre de las guerras mundiales llevó a los padres de la Alemania moderna a crear un marco jurídico que enfatizaba el papel central del Estado de derecho como eje alrededor del cual construir no solo una sólida democracia sino también una potente economía de mercado. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe y la oficina de regulación de la competencia (Bundeskartellamt), lejos de ser instituciones inconexas, son componentes claves de un sistema coherente de cumplimiento de las normas y de protección contra los abusos del poder, sea este político o económico.

Sin ser un sistema perfecto (¿pues cuál lo es?), más de seis décadas de experiencia nos demuestran al resto de los europeos que las aspiraciones de Adenauer o Erhard eran las correctas. Es más, como hemos explicado desde estas páginas (Ordnung, 2 de septiembre del 2012) es difícil entender la actitud de Alemania frente a la crisis del euro sin apreciar su deseo de generalizar el concepto del imperio de las reglas al conjunto de la eurozona.

Esta visión alemana de un Estado de derecho como centro de la organización político-económica tuvo una profunda influencia en España. Sin ir más lejos, inspiró al recientemente desaparecido catedrático de derecho administrativo García de Enterría en su intento de asegurar que la administración (incluso la de la dictadura) se pusiera al servicio de los ciudadanos. Aún más importante, estas ideas inspiran buena parte de los preceptos de la constitución de 1978.

Desgraciadamente, nuestra clase política ha demostrado, reiteradamente, que su apego al Estado de derecho es meramente formal. Para buena parte de la élite dirigente las reglas no son más que una pantomima que uno ha de cumplir para mantener un mínimo de decoro con la opinión pública y Bruselas.

Si queremos ser como Alemania, una nación próspera, tenemos que copiar su verdadero secreto: un Estado de derecho donde las reglas se cumplen

Una enésima prueba de esta actitud es la lista de consejeros de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tomaron posesión el 10 de septiembre.

La defensa de la competencia es fundamental para el buen funcionamiento de una economía de mercado. La evidencia empírica, documentada en miles de trabajos académicos, es abrumadora. Y nuestra experiencia como españoles lo corrobora aún más. España es una nación mediana. Por ello, muchos sectores —sobre todo si dependen de decisiones de las administraciones públicas como la energía o las telecomunicaciones— son fácilmente controlables por un grupo reducido de empresas. E incluso en otros casos, los acuerdos colusorios son, a menudo, sencillos de ejecutar. Una y otra vez los españoles hemos visto cómo los sectores cerrados a la competencia han sido a menudo sectores que han favorecido a unos pocos en perjuicio de la mayoría y que los sectores abiertos han generado bienestar, riqueza y empleo.

Estas razones explican por qué necesitamos una CNMC vigorosa y vigilante. Y esto requiere de dos cosas: conocimiento técnico e independencia del poder. En otras palabras: el saber qué hacer y el querer hacerlo. La lista de los consejeros nombrados nos dice que la CNMC no va a cumplir con su misión.

El valorar la independencia del poder es subjetivo y, si bien existen razones para sospechar de tal actitud en muchos de los consejeros dadas sus previas experiencias, preferimos centrar nuestra crítica en el ámbito de la habilidad.

¿Cómo se acredita el conocimiento técnico? Existen tres alternativas. La primera, siendo un reconocido jurista en el ámbito de actuación de la CNMC. La segunda, siendo un profesional (por ejemplo, pero no necesariamente, un funcionario) con décadas de experiencia en estos temas. La tercera, dado que se trata de mejorar el funcionamiento de los mercados, es siendo un economista experto en competencia y regulación. No basta tener un título de doctor en economía o una oposición a un alto cuerpo del Estado. Hace falta tener una especialización en el mundo de la competencia y de la regulación. Por ejemplo, ninguno de nosotros dos cumplimos con ese requisito pues aun siendo economistas nuestras áreas de investigación son muy diferentes.

La regeneración democrática de España y la salida de la crisis no son dos objetivos diferentes, son las dos caras de cómo construir una España mejor

Pero a la vez, por vivir en el mundo de la economía, sí que sabemos que en España existen decenas de candidatos mucho mejor preparados para este puesto que los economistas seleccionados como consejeros. Quien dude de ello, solo ha de poner el nombre de los consejeros en Google Académico (esa prueba del algodón que no engaña) y comprobará la casi total ausencia de citas relevantes de los mismos. A la vez, poniendo el nombre de muchos otros posibles candidatos verá que estos tienen muchísimas más citas (y con mayor índice de impacto) en las áreas de competencia y regulación.

Carecemos de competencia profesional para juzgar a los consejeros no economistas, pero la impresión generalizada desde variados ámbitos ha sido que la valía de muchos de ellos deja también que desear.

¿Por qué selecciona el Gobierno entonces a estos consejeros? Para tener una CNMC dócil que responda al teléfono cuando Moncloa llame. Porque de esta manera, en vez de tener una CNMC que contrapese y fiscalice el poder político o económico, el actual Gobierno disfrutará de manos libres para conseguir sus objetivos de corto plazo sin importarle excesivamente las reglas y, en consecuencia, el bienestar de España a largo plazo.

Pero como esta actitud es vergonzosa de reconocer en público, se esgrime la excusa de la soberanía popular. En esta argumentación, la legitimidad emanada de las urnas se convierte en una carta blanca para el asalto a todos los recovecos del poder y para la eliminación de cualquier resistencia el ejercicio del mismo. Dejando de lado la cuando menos curiosa asunción por un partido que se considera conservador de lo que no deja de ser más que un jacobinismo infantil y trasnochado, tal doctrina olvida el significado de unas elecciones en un Estado democrático de derecho como el que consagra nuestra constitución. Lejos de ser una autorización para el ejercicio arbitrario del poder, los votos son una autorización para la actuación discrecional. Es discrecional, y con ello legítimo, la elección entre candidatos cualificados de aquellos que en la evaluación del Gobierno mejor servirán a los intereses de España. Es arbitrario seleccionar a aquellos candidatos que un mínimo de debida diligencia descartaría como inadecuados. Cuando se actúa de manera arbitraria, nuestros gobernantes se extralimitan en sus poderes y es preciso, volviendo de nuevo a García de Enterría y su obra clásica, luchar contra las inmunidades del poder.

Si queremos ser como Alemania, una nación próspera, no debemos empezar con medidas superficiales como copiar su sistema electoral (aunque quizás no fuera mala idea hacerlo en todo caso). Tenemos que copiar su verdadero secreto: un Estado de derecho donde las reglas se cumplen. La regeneración democrática de España y la salida de la crisis no son dos objetivos diferentes, son las dos caras de cómo construir una España mejor.

Jesús Fernández-Villaverde es catedrático de Economía de la Universidad de Pensilvania. Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics.