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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Sostenibilidad no es cuasi-congelación

El problema surge porque sabemos que el sistema actual difícilmente tendrá superávits en el futuro

El Gobierno ha presentado su propuesta sobre el Factor de Sostenibilidad. Se basa en el informe del grupo de expertos conocido en junio. La propuesta tiene dos elementos clave. El primero es lo que aquel grupo —del que formé parte— denominó el Factor de Equidad Intergeneracional. Su objetivo es tratar igual a personas que se jubilen con la misma edad y con el mismo historial laboral pero pertenecientes a generaciones con diferente esperanza de vida. Este factor, similar al de otros países de nuestro entorno, no ha generado mucha controversia. Parece razonable que un trabajador con mayor esperanza de vida, para recibir el mismo montante total en pensiones durante toda su jubilación, reciba un poco menos cada año.

El segundo factor, el que determina la actualización anual, es el que está generando polémica. La propuesta inicial, aunque de formulación muy compleja, consiste en fijar una restricción presupuestaria que básicamente aseguraba que a lo largo de un ciclo económico los ingresos del sistema tienen que ser suficientes para financiar el gasto en pensiones. Deja en manos del Parlamento decidir qué regla de revalorización quiere para sus pensionistas, y lo único que tiene que hacer es asegurarse los recursos suficientes para financiarla. Creo que nadie puede estar en contra de esto. Un sistema de pensiones de reparto no puede repartir lo que no tiene.

La regla elegida por el Gobierno asegura que, aunque los ingresos no sean suficientes para financiar los gastos, las pensiones deben subir al menos un 0,25%. El problema surge porque sabemos que el sistema actual difícilmente tendrá superávits en el futuro. Una vez superada la crisis económica empezaremos a sufrir las consecuencias del envejecimiento donde se jubilarán las cohortes más grandes y con una mayor esperanza de vida. Y esto quiere decir que si no se hace nada estamos condenando a los pensionistas a una cuasi-congelación del 0,25% de las pensiones con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Sabemos que un periodo de congelación de las pensiones largo lograría el ansiado equilibrio presupuestario. Pero ¿tiene esto algún sentido? Esta vía no parece muy razonable, condenaría al jubilado a reducir su consumo cuando es probable que con la edad, al empeorar la salud, requiera más cuidados y atenciones.

La sostenibilidad se debe conseguir con reformas. Bien con medidas que contengan el gasto como, por ejemplo, considerando toda la vida laboral para el cómputo de la pensión o retrasando la edad de jubilación. O bien con medidas que aumenten los ingresos. Para conseguirlo no sería buena idea subir las cotizaciones, pero se podían usar otros impuestos como el IVA o alternativamente que los Presupuestos financiaran las pensiones de viudedad, como hacen con los complementos a mínimos.

En definitiva, la propuesta del Gobierno puede ser útil al introducir transparencia y establecer unas reglas claras. Pero no se puede dejar en manos del cumplimiento de una restricción presupuestaria la sostenibilidad de las pensiones, eso llevará a una pérdida paulatina e injusta del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.

José Ignacio Conde-Ruiz es subdirector de Fedea y profesor de la Universidad Complutense.

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