La batalla por la energía mexicana

En la Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público de México nunca habían visto cosa igual. Como ha ocurrido en ocasiones importantes, al mediodía del pasado 12 de agosto el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se aprestaba para sostener una conferencia con expertos. Contestaría preguntas sobre la histórica propuesta que el presidente, Enrique Peña Nieto, había hecho minutos antes: la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sector privado. En el ministerio esperaban que un máximo de 300 personas se conectaran a la conferencia. La cifra se triplicó. Participaron 961 personas “del sector financiero, empresarial, agencias calificadoras, organismos internacionales y sector energético”, se lee en una ficha que le prepararon a Videgaray. “Es un récord histórico de participantes en una conferencia por parte de la Secretaría”, se dice textualmente en el documento. La anterior marca era de 228 personas.

No era para menos. La clase empresarial, política, los académicos y los medios de comunicación mexicanos solo tenían un tema en su agenda del lunes. Ese día, a las 11.00, desde su residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto presentó la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. El anuncio fue transmitido en directo por algunas cadenas de televisión y varios portales de Internet. El presidente mexicano desveló los planes energéticos que pueden cambiar la historia de Pemex, de su sexenio y del país entero.

A partir de ese momento, el debate ha transcurrido en dos planos. Uno de ellos es la reacción de los partidos de la oposición, que han descalificado por igual la iniciativa. Para el derechista Partido Acción Nacional (PAN), que en 2008 fracasó en su intento de aprobar una reforma de gran calado en esta materia, la propuesta es tímida y se queda corta al solo proponer el esquema de contratos de utilidad compartida. Y desde la izquierda fue descalificada tanto por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien dijo que la reforma “está claramente orientada en contra de los intereses de México”, como por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a movilizarse en las calles para “evitar el robo del siglo”.

En el plano técnico, la iniciativa ha comenzado a ser desmenuzada. La reforma plantea modificar la Constitución para, en primer lugar, abrir la posibilidad de que el Estado celebre contratos con particulares para la exploración y explotación de yacimientos petroleros y de gas, y también para entregar permisos a empresas para invertir en la industria eléctrica y en petroquímica básica, que había estado en exclusiva en las manos de la CFE y Pemex, respectivamente.

Peña Nieto ha insistido en que las reformas que ha ofrecido al Congreso mantienen a los mexicanos como dueños de la renta petrolera y los recursos energéticos, mientras que Pemex y CFE seguirán siendo entidades públicas bajo la tutela del Estado. “De ninguna manera, y lo digo categóricamente, se venden ni se privatizan”, expresó el mandatario en la presentación de su proyecto.

El gran objetivo es rentabilizar los ricos recursos petroleros del país

El modelo elegido por el Gobierno para abrir el sector energético a la iniciativa privada ha sido a través de los contratos de utilidad compartida. En estos, las compañías celebran convenios con el Estado mexicano en el que ambos comparten riesgos e inversión. Si la extracción es exitosa, el Gobierno mantiene la propiedad de los hidrocarburos obtenidos y paga a la empresa las utilidades acordadas en efectivo. Una de las bondades de este modelo, ha explicado la Administración, es que se generaría competencia entre los inversores, y el Estado elegiría a la compañía que solicitara la menor utilidad.

La iniciativa busca rescatar a una empresa que, aunque el Gobierno se niega a decirlo con todas sus letras, los números dicen claramente que está en grave crisis. En los primeros seis meses del año, las ventas de Pemex han sido de 789.405 millones de pesos (61.000 millones de dólares), un 3,4% menos que en el mismo periodo de 2012. En los dos últimos trimestres ha sumado pérdidas por 53.385 millones de pesos (4.000 millones de dólares) a causa de la reducción de las exportaciones, principalmente hacia EE UU. La petrolera estatal ha reconocido que la falta de modernización e inversión en nuevas tecnologías se debe a que un 67% de sus ingresos van al fisco y asfixian las finanzas de la compañía. Peña Nieto ha prometido un cambio de régimen fiscal para Pemex, cuyos detalles no han sido revelados.

El Gobierno de México sostiene que existen reservas petroleras probadas para 10 años de producción, principalmente en aguas someras, y que para poder extender la capacidad de producción de Pemex en aguas profundas es necesaria la introducción de tecnología e inversión que solo puede proporcionarle la iniciativa privada. Actualmente la petrolera estatal extrae 2,5 millones de barriles de crudo diarios y desde 2004 ha visto disminuida su producción en un 30%.

Empresas privadas compartirán riesgos e inversión con el Estado

“Si consideramos solamente pozos ultraprofundos de más de 1.500 metros, los cuales corresponden más al perfil de nuestras aguas territoriales, encontramos que México apenas comenzó actividades de perforación en 2010. Desde entonces se han perforado anualmente 52 pozos en aguas ultraprofundas en EE UU, contra solo cinco en México”, describe el texto de la iniciativa de reforma recibida el miércoles por el Senado. Algo similar ocurre con la explotación de gas de esquisto: EE UU ha perforado 9.100 pozos; en la misma zona, México solo ha realizado tres perforaciones.

El lunes, en la presentación de la iniciativa, el secretario (ministro) de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, realizó además un diagnóstico sobre los rezagos en energía eléctrica. México tiene tarifas eléctricas un 25% superiores a las de EE UU, a pesar de que las facturas de los mexicanos cuentan con subsidios, que en el primer semestre de 2013 significaron un 0,75% del PIB.

La propuesta desconcertó en un principio a algunos inversionistas que esperaban que Peña Nieto fuese más arriesgado con su iniciativa, poniendo sobre la mesa contratos de producción compartida o se contemplara otorgar concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. La Bolsa mexicana cerró tras el anuncio con pérdidas del 1,23%. Al pasar los días, parte del sector financiero calificó la propuesta de Peña Nieto como histórica y como una que rompería con la paralización que el sector energético mexicano ha mantenido durante décadas. En un editorial, el diario The Wall Street Journal indicó que si la propuesta es aprobada en el Congreso será “un hito en la modernización del país”. El jueves, sin embargo, empresarios de EE UU señalaron que si la reforma no incluye contratos de producción compartida, la inversión caería de un estimado de 110.000 millones de dólares a un monto de entre 40.000 y 60.000 millones de dólares.

Y falta lo que digan los mexicanos. En el calendario cívico de este país, la nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938 es una fecha sagrada. Por esa medida, entre otras, el general Lázaro Cárdenas es considerado héroe nacional. Consciente de eso, al anunciar su iniciativa Peña Nieto ha recurrido a una redacción, “palabra por palabra”, idéntica a la que en su momento utilizó el general Cárdenas para modificar el artículo 27 constitucional (la prohibición de que empresas privadas participen en el petróleo data de 1960).

La estatal Pemex necesita apoyo tecnológico y financiación

Apelar a la figura y a la redacción de Cárdenas no apaciguó a quienes ya habían adelantado que rechazarían cualquier modificación constitucional. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general y líder del Partido de la Revolución Democrática, descalificó la iniciativa al declarar que la reforma “está claramente orientada en contra de los intereses de México”. El PRD, que el lunes anunciará su propuesta en esta materia, ya organiza una consulta nacional para finales de mes, y dentro de ese partido hay quienes incluso demandan la realización de un plebiscito. Por su parte, López Obrador ha convocado a una movilización popular el 8 de septiembre en contra de la reforma. De igual forma, diversas voces han reclamado que aunque la propuesta presidencial habla de incrementar la transparencia, la corrupción que históricamente aqueja a la petrolera no es un tema en la iniciativa.

Por ser una reforma constitucional, tres cuartas partes del Congreso deben aprobar la iniciativa. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto podría sumar sus votos con el PAN y sacar adelante la nueva ley. Pero el Gobierno sabe que dejar fuera al PRD rompería el Pacto por México, la agenda de consenso que ha permitido al Gobierno aprobar en tiempo récord dos importantes reformas a la educación y las telecomunicaciones. El PAN, por su parte, ha condicionado su apoyo a la iniciativa energética a la aprobación de una reforma política.

El Congreso retoma sus sesiones ordinarias en septiembre. La reforma se discutirá en medio de signos de debilidad de la economía mexicana. Al comenzar agosto, el Banco de México (banco central) redujo la expectativa de crecimiento para 2013 a un rango entre el 2% y el 3% (originalmente había calculado que sería de entre el 3% y el 4%). La reforma energética, calcula el Gobierno, podría crear 500.000 puestos de trabajo directos y hacer crecer la economía del país en un punto porcentual de aquí a 2018.

Como ocurrió con la conferencia del secretario de Hacienda del lunes pasado, muchos serán los que estén atentos a lo que México decida en las próximas semanas. ¿Ocurrirá algo inédito o se repetirá la historia de confrontación que en 2008 impidió aprobar una ambiciosa reforma energética?