El rescate que nos salía gratis

El rescate bancario que aparentemente debía salirnos gratis, ya nos ha costado una cantidad similar a la factura anual del seguro de desempleo o a la de los intereses de la deuda pública.

El fondo de rescate español (Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada, FROB) acaba de reconocer que de los 52.000 millones de euros de dinero público inyectados a las cajas nacionalizadas (casi 40.000 prestados por la UE, a la que habrá que devolverlos), 36.931 millones están en la práctica perdidos, tres cuartas partes de ellos en 2012. Son algo más que los 31.252 estimados el pasado 20 de junio por la patronal bancaria AEB. Y serán menos que de aquí a final de año.

La jerarquía profetizaba que esta factura sería cero para el contribuyente. “Es un crédito que pagará la propia banca”, explicó Mariano Rajoy en el Congreso al detallar el rescate europeo, el 12 de junio de 2012. “El objetivo es que no cueste un euro al contribuyente”, precisó poco después, el 31 de agosto, Soraya Sáenz de Santamaría.

“El Estado puede recuperar las ayudas” dadas a Bankia, opinaba su presidente José Ignacio Goirigolzarri en EL PAÍS, el 26 de mayo. “No se pueden malvender [las cajas nacionalizadas], tenemos que maximizar el valor todo lo posible, incluso por encima de lo que se ha puesto”, se explayaba el ministro Luis de Guindos el 19 de junio.

Quedan aún muchos renglones por sumar (de pérdidas), entre ellos el dinero invertido por el Estado en la SAREB

¿Significa que venderá Catalunya Banc por más de los 13.000 millones públicos ya inyectados, o NovaCaixa Galicia por más de los 9.000 que se le dispensaron? Pues ahora habrá que creer en los milagros, porque no parece haber comprador si no se dota a esas entidades de bien nutridos Esquemas de Protección de Activos (EPA, subvenciones públicas para tapar/compensar morosidades y fallidos futuros e imprevistos), como ocurrió en las ventas anteriores y cuya repetición se denigró oficialmente.

No es por molestar, pero entre el coste cero —o los anuncios de beneficios— y los 36.931 millones ya perdidos, va una cierta distancia. Y quedan aún muchos renglones por sumar (de pérdidas), entre ellos el dinero invertido por el Estado en la Sareb, el banco malo, que dispone de 15 años para vender sus pisos tóxicos y a la que se le pretende una rentabilidad del 15%.

Tampoco son por molestar tantos recordatorios de las afirmaciones según las que la aventura del rescate saldría gratis. El fin de este contraste entre la realidad y el deseo estriba en subrayar que si tanto se reiteró este último sería por creencia profunda, se supone que no por ansias propagandísticas o intoxicadoras. Y en concluir que si el salto es tan abismal, del cero al infinito, las autoridades deberían comprometerse o bien a reconocer un error de partida o bien a demostrar que las alternativas al reflotamiento-y-venta de las cajas en crisis eran mucho más costosas. Porque al fin y al cabo, si socialmente el Gobierno pudo acometer los rescates fue por la presunta legitimidad de que les dotaba su coste cero.

Bien valdría la pena establecer un control y contabilización independientes de la crisis financiera

El FROB ha aireado que una salida distinta, como la liquidación de las entidades nacionalizadas, devolviendo su dinero a todos los acreedores, costaría 128.471 millones, 76.600 millones teóricos más que el coste de su rescate. Todas son cifras monumentales. Y teniendo en cuenta que hasta ahora todos los cálculos benevolentes se han incumplido a rajatabla, bien valdría la pena establecer un control y contabilización independientes de la crisis financiera. Por ejemplo, en sede parlamentaria.

Porque a lo mejor esta crisis nos podría haber salido más barata por la vía de complementar los rescates con troceamientos de las entidades enfermas. O con mayor profusión de EPA (ventaja sobre la subvención: son de pago eventual y diferido), para facilitar la venta rápida de entidades como Catalunya Caixa (o NGC), retrasada por dos veces sin que los resultados del retraso hayan mejorado sus perspectivas... ni las de recuperar el dinero público inyectado.