Las Cámaras darán más representación a las empresas con mayores aportaciones
El Gobierno aprueba la reforma de las instituciones y les impone un código de buenas prácticas

El Gobierno ha aprobado este viernes una ley para reformar el sistema de representación cameral, instaura la Cámara de Comercio de España y suprime las cuotas obligatorias, con lo que deja la financiación de estas instituciones al albur del cobro por sus servicios y las aportaciones voluntarias. Para este fin, el proyecto de ley que ha salido del Consejo de Ministros aboga por incentivar las contribuciones otorgando una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado aportaciones voluntarias a las cámaras.
"En atención a este nuevo régimen de financiación, la ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias pudiendo dar las CC AA, si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado estas contribuciones voluntarias a las cámaras". En todo caso, añade el Ministerio de Economía en la nota en la que comenta la reforma, "la mitad más uno de los vocales de los plenos serán elegidos democráticamente a través de un proceso electoral basado en el sufragio universal mínimo que podrán ampliar las comunidades".
Además, entre las novedades que presenta la reforma con respecto al anteproyecto de ley, las cámaras deberán realizar un código de buenas prácticas. Con ello, el Ejecutivo pretende garantizar la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de las funciones público-administrativas de las cámaras.
Publicar las retribuciones
Con la nueva norma, las Cámaras estarán obligadas a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y a depositar sus cuentas anuales en los registros mercantiles correspondientes de su localidad. Además, se elimina la obligación de que haya una cámara por provincia, de forma que las CC.AA. podrán adecuar la demarcación territorial de sus cámaras territoriales a su realidad empresarial.
Junto a ello, se establece que serán los representantes de las Cámaras de Comercio, uno por Comunidad Autónoma, y las ciudades autónomas, los que estén representados en el pleno. En la Cámara de España, tanto en el pleno como en el comité ejecutivo, estarán representados asimismo las organizaciones empresariales, las empresas y los autónomos. Este colectivo aumenta su participación en el pleno y se incorporan al Comité Ejecutivo.
Desde las cámaras esperan que el texto normativo concite el "máximo consenso" por parte de todos los grupos parlamentarios para que la norma sea "estable y perdure en el tiempo". Además, destacan la "clara" diferenciación entre sus funciones y actividades públicas y privadas.
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