La ecuación de la corrupción

Los casos de corrupción están a la orden del día y producen gran alarma social. Pero ¿podemos decir que España es un país corrupto?

Veamos, ¿cuándo un país es corrupto? Cuando existe lo que los anglosajones llaman petty corruption. Es decir, corrupción generalizada a pequeña escala, consistente en tener que pagar gratificaciones para el desarrollo de las actividades cotidianas, como hacer un trámite administrativo, acceder a un servicio público, como elegir escuela o ser atendido por los servicios de salud.

En este sentido, España no es un país corrupto. No sale mal parada en los rankings que miden este tipo de corrupción. Más bien se acerca a los países nórdicos.

¿No tenemos, entonces, que preocuparnos por la corrupción? Sí, porque aunque no haya una “cultura de corrupción”, como a veces se dice, que afecte al conjunto de la sociedad, si existe una grand corruption que se ha enquistado en algunas actividades públicas. Las causas de la corrupción tienen mucho que ver con el funcionamiento de esas actividades. Si las identificamos, seremos más capaces de erradicar la corrupción.

Son de tres tipos. La primera tiene que ver con el urbanismo y afecta especialmente a alcaldes y responsables de planes urbanísticos. La segunda se relaciona con la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. La tercera, con el uso de subvenciones y ayudas públicas a ciertas actividades, como los expedientes de regulación de empleo (ERE) o las “primas” a las energías renovables.

¿Qué es lo que ha permitido conocer esa corrupción sistémica? No ha sido la actividad preventiva de los organismos encargados de auditar y controlar esos procesos. Esto ha fallado. Han sido, por un lado, los medios de comunicación; y, por otro, la actividad investigadora de los tribunales de justicia y otras instituciones como la Agencia Tributaria.

El conocimiento de las actividades que generan esa grand corruption y de las instituciones más efectivas en identificarlas, nos permite formular lo que podríamos llamar la ecuación de la corrupción española: C = DA + S + Cc - (T + D)

En primer lugar, la ecuación nos dice que cuanta más discrecionalidad administrativa (DA) en la aprobación de planes y licencias urbanísticas, mayor será la corrupción.

Sorprende que un ministro tenga que salir del Consejo de Ministros cuando se tratan cuestiones que le implican a él o a sus familiares y no haya nada similar en los Ayuntamientos

En segundo lugar, cuanto mayor sea el volumen de subvenciones públicas a actividades privadas (S), mayor será la corrupción. La “prima” es una garantía pública de rentabilidad privada que pesa durante años y años sobre el presupuesto público. Además, incentiva actividades que están más próximas al negocio financiero que al proyecto industrial. En el caso de los ERE, la subvención da lugar a la aparición de buscadores de rentas, y a que las empresas destruyan empleo en lugar de desarrollar fórmulas para conservarlo.

El tercer factor es la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. Lo podemos llamar capitalismo concesional (Cc). Si analizamos los nombres de las grandes donaciones a los partidos veremos que están relacionados con estas actividades. La corrupción en este caso no solo consiste en donaciones o pago de comisiones, sino en contratos que hacen que el beneficio vaya al operador privado, mientras que el riesgo de pérdidas se lo queda el sector público. Los ejemplos son numerosos.

La primera conclusión de nuestra ecuación podría formularse diciendo que en España se ha desarrollado un tipo de capitalismo concesional y subvencionado que es proclive a la corrupción. Si queremos disminuir la corrupción hay que acabar con este tipo de capitalismo rentista y depredador.

La segunda conclusión surge del análisis de los dos factores de la ecuación que disminuyen la corrupción. El primero es la transparencia (T), entendida como el derecho ciudadano a conocer, y la obligación de las Administraciones a responder, con responsabilidad penal si no lo hacen. Este es un elemento poderoso de higiene pública. El segundo es la democracia (D).

Hay tres elementos de la democracia que son esenciales para erradicar la corrupción. El primero es que en las elecciones los ciudadanos penalicen a los políticos y partidos corruptos. El segundo es una prensa libre, capaz de denunciar la corrupción. El tercero, unas instituciones judiciales independientes que investiguen y penalicen la corrupción. Nos podemos sentir relativamente satisfechos, porque esos tres elementos están funcionando.

Pero no hay que bajar la guardia en los dos focos principales de la corrupción: el planeamiento urbanístico y el capitalismo concesional y subvencionado.

La ausencia de incompatibilidad entre ser alcalde o concejal de urbanismo y la dedicación a estas actividades es como poner al zorro al cuidado de las gallinas. Sorprende que un ministro tenga que salir del Consejo de Ministros cuando se tratan cuestiones que le implican a él o a sus familiares y no haya nada similar en los Ayuntamientos. Alguna restricción hay que introducir en este terreno.

El capitalismo concesional y subvencionado ha operado hasta ahora en la obra pública, los servicios domiciliarios y algunas actividades como las renovables. Pero está comenzando a penetrar en un nuevo campo: la sanidad. Hay que ir con cuidado, porque es susceptible de generar la misma corrupción.

No trato de demonizar la colaboración público-privada en la gestión de servicios de la sanidad pública. Pero las empresas que quieran operar en esas actividades han de funcionar con el mismo criterio de transparencia, riesgo y ventura con el que lo hacen los empresarios que arriesgan su patrimonio en las actividades de mercado. Ese es el buen capitalismo.