Montoro impone a Soria sus tesis sobre la reforma eléctrica

El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes la reforma eléctrica que el Ministerio de Industria lleva elaborando desde principios de año para acabar con el déficit de tarifa, que en la actualidad se eleva a más de 26.000 millones de euros. El proyecto llega a la reunión del Ejecutivo lleno de polémica después de las discrepancias entre dicho departamento y el de Hacienda, que se ha negado a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) carguen con la cantidad que proponía Industria, es decir 2.200 millones con el argumento de que no puede restarse dinero por el compromiso de reducir el déficit público (del 6,5% al 5,8% del PIB en 2014, y cada décima supone unos 1.000 millones de euros).

La discusión entre los dos ministerios hizo tambalearse a última hora la reforma. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó la existencia de un acuerdo que su homólogo de Industria, José Manuel Soria, había adelantado en público. Tras ese desencuentro, funcionarios de los dos departamentos siguieron negociando hasta hoy y, aparentemente, Montoro ha ganado la partida.

Según fuentes consultadas, la reforma deja sin cerrar la aportación exacta de los Presupuestos hasta que no se elaboren en septiembre. En todo caso, será inferior a los 2.200 millones que se barajaban. Además, según esas fuentes, asumirá únicamente 900 de los 1.800 millones de costes extrapeninsulares (lo que cuesta llevar la luz a los archipiélagos, Ceuta y Melilla) de 2013 que iban a ir con cargo a los PGE de 2014.

Eso quiere decir, que el coste, cifrado en 4.000 millones, va a recaer en mayor medida de la esperada sobre el resto de agentes (consumidores, compañías tradicionales y renovables). Estos dos últimos colectivos fueron convocados hoy por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para explicarles el alcance de la reforma. Primero se reunió con las cinco tradicionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON e Hidrocantábrico) y, dos horas después, con las renovables (Acciona, Abengoa, ACS, Renovalia...).

Fuentes de las empresas tradicionales aseguraron que salían más perjudicados de lo que habían entrado, reseñando especialmente que “supone un recorte salvaje en distribución del entorno del 20%, que se añade al ya realizado el año pasado” y que Nadal había adelantado que se cerrarán varios ciclos combinados, aunque sin especificar cuáles. “El ajuste hace inviable seguir invirtiendo en distribución”, añade una de esas fuentes, que remacha: “Con lo que nos han contado, Montoro ha logrado perpetuar el déficit de tarifa”. “Es otra reforma que convierte en paganos a los de siempre, que no tienen la culpa de un déficit que hay que atribuir a las políticas erráticas de los distintos Gobiernos”, comenta otra fuente de dicho sector.

Según Nadal, la reforma persigue medidas ajustando la retribución de los partícipes en el sistema dentro del sentido común y teniendo en cuenta la situación económica para intentar tener una rentabilidad razonable. Esa puede ser la clave y para fijarla se ha barajado fijarla al bono del Tesoro. Estado. Las fuentes empresariales han afirmado que el cálculo es 20% inferior para las distribuidoras que para las renovables, lo que les vuelve a dar ventaja y que a su juicio salen menos perjudicadas, aunque su aportación supere los 800 millones.

Nadal anuncia a las empresas el cierre de varios ciclos combinados

El problema del déficit de tarifa radica en los costes regulados y que los ingresos no llegan siquiera para pagar los costes del sistema. Los ingresos son de 18.000 millones de euros (14.000 correspondientes a los peajes y 4.000 a ingresos fiscales), mientras los gastos se elevan a 22.000 millones (9.000 de energías renovables y cogeneración; 7.000 de distribución y transporte; 2.500 de déficit pasado; 1.700 de costes extrapeninsulares, y 1.800 de otros). Según las previsiones iniciales, el reparto para cubrir el desfase era de 300 millones sobre los consumidores; entre 400 y 500 en la distribución y transporte; 800 en las primas de renovables, así como 2.200 con cargo a Presupuestos, incluyendo los costes extrapeninsulares.

Para atajar el déficit, durante el año pasado y este el Gobierno adoptó una serie de medidas por importe total de 10.178 millones. De esa cifra, 3.955 correspondieron a los Presupuestos. Los restantes 6.223 recayeron principalmente sobre las empresas del sector (reducción de primas, transporte, distribución…) e impuestos a la generación. Según Nadal, de no haber tomado esas medidas, el déficit habría sido de 10.000 millones, y que, pese a ello, es de 4.000 millones.

Las compañías sostienen que el ajuste hace inviable más inversiones

Para eliminar los más de 26.000 millones de deuda viva asociada al déficit de manera definitiva habría que aumentar los peajes [que pagan las empresas] cerca del 35%, lo que significaría aumentar el recibo de la luz un 17%, ya que ese componente supone la mitad del coste de la factura. Pero el Gobierno no puede permitirse cargar todo el peso sobre los consumidores. El mensaje a las empresas estaba diáfano. Se temían lo peor y hoy lo corroboraron. Pero, según algunos expertos del sector, son estos lo que más sufren las deficiencias de gestión que arrastra el sector desde la reforma de 2000. En definitiva, la decisión está basada en criterios políticos más que de la equidad.