La policía acorrala a Tapie

El empresario Bernard Tapie, de 70 años, ha pasado cuatro días respondiendo a las preguntas de los investigadores de la brigada financiera de París en torno al escándalo económico que protagonizó en 2008, cuando un tribunal privado zanjó su largo litigio judicial con el banco Crédit Lyonnais (CL) indemnizándole con 403 millones de euros. Ingresado desde el lunes en el hospital l’Hôtel-Dieu para ser vigilado de cerca por los médicos —se desconocen las causas exactas—, Tapie ha pasado bajo arresto 96 horas, el mismo plazo que se aplica a los sospechosos de terrorismo. El empresario comparecerá después ante los jueces, y estos decidirán si le imputan o no.

Fuentes judiciales señalaron que los magistrados quieren saber cómo maniobró Tapie ante El Elíseo y el Ministerio de Economía, y no descartaron la adopción de medidas cautelares, como el embargo de sus bienes. El actual Gobierno socialista se ha personado como parte civil en el proceso para intentar recuperar la fortuna que sus antecesores le entregaron hace cinco años.

La declaración de Tapie se antoja crucial para el futuro de los numerosos e ilustres implicados en un escándalo que pone en cuestión el personalista sistema de poder establecido por Nicolas Sarkozy cuando ganó las elecciones de 2007. Los magistrados que dirigen la pieza no ministerial del caso —la parte ministerial afecta a Christine Lagarde, extitular de Economía y hoy directora-gerente del Fondo Monetario Internacional— creen que Tapie presionó a la cúpula del Gobierno para que solucionara a su favor el contencioso sobre la venta de Adidas realizada en 1993 por Crédit Lyonnais.

Tapie, que había comprado en 1990 la empresa alemana de ropa deportiva, fue obligado por François Mitterrand a vender la compañía cuando aceptó ser ministro, y encargó la operación al banco de su confianza, CL, que se la revendió a Robert Louis-Dreyfus. Pero, según Tapie, el banco le engañó en el precio real y ocultó las plusvalías en paraísos fiscales. El empresario acudió a la justicia en 1996; CL acababa de evitar la quiebra, y el Estado montó un banco malo, el Consorcio de Realización (CDR). En 2005, el Tribunal de Apelación de París condenó al CDR a pagar 135 millones de euros a Tapie. Pero un año después, el Supremo anuló la sentencia y dio la razón al Estado.

En 2007, cuando la pugna preelectoral entre Sarkozy y Ségolène Royal estaba en su apogeo, Tapie pidió públicamente el voto para el candidato de la derecha. Semanas después, hubo una reunión en El Elíseo a la que asistieron el propio Tapie —que esa mañana se vio con Sarkozy— y varios altos funcionarios del Ejecutivo. Enseguida, Lagarde daba la luz verde al tribunal privado que condenaría al Estado a abonar los 403 millones al empresario.

Lagarde, que no recurrió el fallo, declaró en mayo como sospechosa de dos delitos: complicidad en malversación de fondos públicos y falsedad. Tras explicarse durante 24 horas, salió más o menos airosa, convertida en testigo asistido, un estatuto que no le exculpa de manera definitiva. En su declaración, Lagarde achacó su decisión a su exjefe de gabinete, Stéphane Richard, hoy presidente de Orange, al que acusó de haberle ocultado información. Richard lo niega, y asegura que su exjefa disponía de toda la información. A raíz de la publicación del interrogatorio de Lagarde, la fiscalía abrió el jueves una indagación por violación del secreto sumarial.

A medida que los jueces van deshaciendo la madeja, lo que parecía un asunto de corrupción o amiguismo ha ido adoptando peor aspecto. Los responsables políticos del arbitraje, Sarkozy y su mano derecha, Claude Guéant, parecen cada vez más comprometidos, ya que los jueces sostienen que el tribunal privado fue montado y su fallo falseado para beneficiar a Tapie. De momento, hay tres imputados por estafa en banda organizada: el citado Richard; el árbitro que redactó la sentencia, Pierre Estoup, y el responsable del banco malo, Jean-François Rocchi.

Además, otros dos sospechosos han sido arrestados junto a Tapie: su abogado, Maurice Lantourne, y el exlíder de los pequeños accionistas de sus empresas, Jean Bruneau. Según fuentes jurídicas, el próximo de la lista será con mucha probabilidad Claude Guéant, el escudero más fiel de Sarkozy desde sus tiempos en el Ministerio del Interior.