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La fiscalía sostiene que todas las pruebas del ‘caso Blesa’ están anuladas

El Poder Judicial no ampara al juez Silva, que dijo sufrir acoso de los medios

El juez Elpidio José Silva, en Madrid, el 13 de junio pasado.
El juez Elpidio José Silva, en Madrid, el 13 de junio pasado.

El ministerio público considera que la actuación procesal del juez Elpidio José Silva, lejos de poner contra las cuerdas a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, casi le ha inmunizado ante eventuales investigaciones posteriores. Es decir, el hecho de que Silva realizara una providencia en la que pedía 40 actuaciones de todo tipo en el caso abierto y cerrado en 2010, y reabierto en 2012, deja a Silva con las manos atadas para actuaciones futuras ya que todas las diligencias han sido anuladas por la Audiencia.

Ahora la pelota está en el tejado del juez, que debe decidir si prosigue con las diligencias y si admite una posible nueva denuncia de Manos Limpias, tal y como ha anticipado este sindicato. Sin embargo, el ministerio público entiende que ya no podrá usar contra Blesa la batería de diligencias que reclamó antes de que la Audiencia de Madrid anulase toda su actuación en este proceso al estar “contaminadas las pruebas obtenidas”.

Según fuentes de la Fiscalía, la respuesta de la Audiencia de Madrid el 19 de junio anuló “la reapertura de las actuaciones” por considerar que se realizó sin nuevas pruebas contra el banquero, y aclaró que la medida afectaba a “otras actuaciones que se derivan [de la investigación]. Y obliga al juez a retrotraerse a la situación en que estaba el sumario en 2010. Es decir, que todo lo que ha conocido o descubierto Silva gracias a las investigaciones de la Guardia Civil por la intervención de los cuatro ordenadores de Blesa (con miles de correos electrónicos intervenidos), ha quedado anulado para este caso. Y no podrá utilizarse para posteriores investigaciones porque ha sido conocido con vulneración de derechos fundamentales, entre ellos “el de defensa” del banquero. Aunque la Audiencia anula la reapertura del caso del crédito de 26,6 millones a Gerardo Díaz Ferrán, dado que el juez desgajó de ese asunto el caso del banco de Florida, este también queda anulado, cree la fiscalía.

El juez no está de acuerdo con esta interpretación. Como dijo en su auto, la Audiencia “no aclara si la nulidad abarca a cualquier diligencia de prueba, incluso aquellas cuyo resultado sería absolutamente invariable si, en su caso, se reaperturasen de nuevo las diligencias 58/2010 o si se practicasen de nuevo”. El juez pone como ejemplo el informe del Banco de España, que considera que se pagó un sobreprecio por el banco de Florida.

Este informe se conoció cuando Silva reabrió la causa ahora anulada. Sorprende la cantidad de datos solicitados: todas las inspecciones de 2002 a 2010; “operaciones sospechosas de posible comisión de blanqueo de capitales” entre 2002 “a la actualidad”; “las salidas y entradas del territorio español” de Blesa y Díaz Ferrán, “con datos sobre el lugar de destino, origen y puesto fronterizo de control”, entre otros.

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial no admitió a trámite las solicitudes de amparo pedidas por Silva. Las razones para rechazarlas se basan en que fueron denuncias genéricas contra todos los medios. Sobre el supuesto ataque a Silva de los fiscales, el Poder Judicial cree que el Ministerio Público está actuando de acuerdo con la ley. En cuanto a la queja contra el presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, por unas declaraciones en las que confiaba en que el expediente abierto contra el juez llegara “a buen fin”, la Comisión Permanente cree que la petición de amparo debería haberse realizado cuando Moliner hizo las declaraciones, el 23 de mayo, y no un mes después.

El expediente abierto por el Consejo en abril pasado a Silva, que no está relacionado con el caso Blesa, podría acabar con su expulsión de la carrera: se le imputan dos faltas muy graves. Además, la Fiscalía estudia querellarse contra el juez por un delito continuado de prevaricación dado el cúmulo de irregularidades cometidas en este caso. La decisión se tomará antes del 15 de julio.

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