El presidente ejecutivo de Orange, imputado por estafa en el ‘caso Tapie’

Stéphane Richard era jefe de gabinete de Lagarde cuando se decidió el arbitraje que indemnizó con 403 millones al empresario

Stephane Richard, en una conferencia de prensa.
Stephane Richard, en una conferencia de prensa. JEAN-PIERRE MULLER (AFP)

Tras dos días de arresto e interrogatorio policial y una noche de hospital por una arritmia cardiaca, Stéphane Richard, el primer ejecutivo del gigante de telecomunicaciones francés Orange, fue formalmente inculpado este miércoles por “estafa en banda organizada” por los magistrados que instruyen el ‘escándalo Tapie’, informó la fiscalía de París.

Richard, de 51años, era el jefe de gabinete de la exministra de Economía Christine Lagarde, actual directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando en 2007 el Gobierno de Nicolas Sarkozy decidió encargar un arbitraje privado para zanjar el largo litigio judicial que mantenían el empresario Bernard Tapie y el banco Crédit Lyonnais (CL) por la reventa de Adidas.

El arbitraje acabó sentenciando en 2008 al banco malo estatal que gestionaba el pasivo de CL a indemnizar con 403 millones de euros a Tapie, exministro socialista y buen amigo de Sarkozy.

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La imputación del poderoso y millonario Richard por estafa en banda organizada supone un enorme salto cualitativo en uno de los escándalos franceses más largos y turbios de las últimas décadas, ya que los jueces dan por sentada la existencia de una trama político-delictiva en la cúpula del Gobierno conservador, que favoreció a uno o más sujetos a costa del erario público sin que ningún miembro del Ejecutivo hiciera nada por impedirlo.

Durante los cuatro años pasados como segundo de Lagarde, Stéphane Richard fue una especie de viceministro, y cuando su jefa abandonó el Ejecutivo para irse a Washington fue elegido por Sarkozy para presidir France Telecom –hoy Orange-, un imperio global con 170.000 empleados y 226 millones de clientes en el que el Estado mantiene una participación del 27%.

Junto a Richard compareció ante los jueces como sospechoso del mismo delito Jean-François Rocchi, ex presidente del CDR, la estructura pública que tramitaba el pasivo de CL cuando el arbitraje privado zanjó el contencioso legal. Anoche no se conocía la decisión sobre Rocchi, aunque todo hacía pensar que correrá la misma suerte que Richard.

Tras su inculpación, el primer ejecutivo de Orange se declaró “combativo y confiado”, según señaló su entorno. Un portavoz de la empresa dijo que “la imputación no concierne” al grupo, y añadió que Richard “volverá a su despacho el jueves por la mañana”. Pero la imputación por estafa complica seriamente su continuidad al frente de la compañía.

El primer ministro, Jean-Marc Ayraut, replicó en un comunicado que “en los próximos días”, un consejo de administración de Orange evaluará “las consecuencias de la imputación”, y añadió que “como accionista, el Estado hará valer sus posiciones a través de sus consejeros”.

Dos antecedentes auguran la destitución de Richard. El lunes, el Gobierno socialista anunció a través del titular de Economía, Pierre Moscovici, que el Estado se personará como parte civil en el caso. Y en marzo, François Hollande, que había prometido una República ejemplar, invitó al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a dimitir en cuanto fue imputado por blanqueo de dinero y fraude fiscal.

La investigación del caso Tapie transcurre por dos vías paralelas y promete dar todavía mucho trabajo a los jueces. La vía ministerial afecta solo a Lagarde y depende de la Corte de Justicia de la República (CJR), que hace un mes decidió no imputar a la exministra por complicidad en falsedad y malversación tras interrogarla durante 22 horas, y declaró a la directora del FMI “testigo asistido”. Este estatuto penal no garantiza su absolución y todavía puede suponer su inculpación si aparecen nuevos indicios.

La decisión contentó a Hollande, que había apoyado a Lagarde invocando un argumento de prestigio nacional: Francia no puede perder a otro alto funcionario internacional tras la ruidosa caída del exministro socialista Dominique Strauss-Kahn, desalojado de la dirección del FMI hace dos años después de ser acusado de violación.

La segunda investigación la instruyen los tribunales ordinarios, amenaza a una docena de implicados y avanza cada vez más deprisa. Antes de inculpar a Richard, los jueces imputaron a uno de los tres árbitros privados, Pierre Estoup, por estafa en banda organizada. Ahora, la gran incógnita estriba en saber qué sucederá con los sospechosos más ilustres, Sarkozy, al que muchos analistas consideran el verdadero cerebro del “rescate” a Tapie, y su fiel escudero Claude Guéant, ex secretario general del Elíseo.

La posición de Lagarde sigue suscitando dudas. Según los fiscales, es la responsable directa de un proceso “plagado de irregularidades”, y este ha derivado hacia una estafa a la que la ministra puso firma. Su futuro dependerá en buena parte de lo que haya declarado su antiguo hombre de confianza. Hasta ahora, Richard había afirmado lo mismo que la exministra: que el ministerio nunca recibió órdenes de arriba y actuó por convicción propia.

Pero en los últimos días –después de que el abogado de Lagarde dijera que, a la vista de algunos datos nuevos, su clienta quizá no hubiera tomado la decisión que tomó-, Richard parece haber cambiado su versión. ‘Le Canard enchaîné’ aseguró que el presidente de Orange iba a sostener ante los jueces que Guéant le trasmitió la instrucción de recurrir al arbitraje durante una reunión celebrada en el Elíseo.

Al fondo de la madeja, pero cubierto por Guéant, Lagarde y la inmunidad presidencial, está la sombra de Sarkozy. Es notorio que Tapie, exactorexministro socialista con François Mitterrand y personaje tan polémico como popular, pidió el voto para él en plena campaña de 2007. Los jueces han comprobado que Sarkozy y el empresario se vieron varias veces antes y después de que aquel fuera elegido y de que el Gobierno lanzara el arbitraje privado.

El fallo obligó al Estado a abonar a Tapie 285 millones de euros de indemnización por plusvalías no cobradas de la reventa de Adidas, más 45 millones en concepto de prejuicio moral. Sumando los intereses, la cifra final ascendió a 403 millones. Pese al ruido que generó la noticia, Lagarde decidió no recurrir la sentencia en los tribunales.

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