El impuesto de Patrimonio se ligará al sistema autonómico

El impuesto sobre el Patrimonio se parece al Guadiana. En los últimos años ha desaparecido y ha vuelto a aparecer. El anterior Gobierno socialista eliminó el tributo en 2008 y en 2011 lo restableció de forma temporal para ayudar a las comunidades a obtener más ingresos. El actual Ejecutivo popular ha prorrogado la vigencia del tributo ante las estrecheces de la crisis.

El Ministerio de Hacienda planea modificar el régimen de esta figura impositiva para vincularla con el sistema de financiación autonómica que también reformará el próximo año. Actualmente el impuesto es de carácter estatal pero está cedido a las comunidades. El Gobierno ahora pretende traspasar la titularidad del impuesto para que las comunidades lo gestionen como quieran. Pero a cambio pretende fijar unas normas mínimas que definan los márgenes máximos y mínimos del gravamen y las exenciones para limitar la competencia fiscal entre las autonomías. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha anulado el tributo con una bonificación sobre la totalidad de la base imponible.

El Ejecutivo pretende incluir la recaudación estimada del impuesto en el sistema de financiación. La idea surgió a raíz de las protestas de Madrid por recibir este año menos recursos del Estado que otros años. Hacienda le recordó que tenía la posibilidad de retirar las bonificaciones del tributo que le permitiría ingresar entorno a unos 300 millones.

Este impuesto grava la riqueza de los contribuyentes superior a 700.000 euros, aunque los primeros 300.000 euros de valor de la vivienda habitual están exentos. Por lo que en la práctica solo grava fortunas de más de un millón de euros. Aunque el tipo impositivo es relativamente bajo [el máximo estatal está en el 2,5%].

“El impuesto de Patrimonio habría que recuperarlo como declaración censal. Una cosa es que no se pague y otra que no se declare”, sostiene Ramsés Pérez-Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE). “Deberían bajar los umbrales para declararlo”. Y advierte: “Las comunidades han hecho una competencia feroz sobre este impuesto”.

Pérez-Boga recuerda que “el patrimonio empresarial está exento”. Y reclama: “No debería estarlo. Debería tener un gravamen mínimo, con tipos bajos”.

En esta cuestión (el patrimonio que acumulan las empresas) se esconde otra de las grandes preocupaciones de los responsables de Hacienda: la fuga de rentas altas hacía sociedades patrimoniales o empresas para beneficiarse del impuesto de sociedades con menor tributación que la renta (un 25% frente al 52%). “Hay gente de renta elevada que paga menos que la gente corriente”, insiste Ignacio Zubiri, catedrático de la universidad del País Vasco, quien también apuesta por “gravar una parte de la riqueza ligada a actividades económicas”.

Los inspectores piden subir el gravamen que afecta a las SICAV y alertan de la fuga de rentas altas hacia figuras societarias para pagar menos

Este experto en fiscalidad propone, además, crear un recargo temporal sobre los beneficios no distribuidos de las empresas. Uno de los problemas que podría crear esta medida es que las grandes empresas repartan los beneficios en el extranjero. “Los que deslocalizan los dividendos ya lo hacen. No puedes definir tu política fiscal por esas circunstancias. Ese es el juego de los empresarios y los lobbies para evitar subidas de impuestos”, argumenta Zubiri.

Los expertos también señalan a otras figuras tributarias como las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), el instrumento que utilizan los grandes patrimonios para rebajar su factura fiscal. A diferencia de las empresas, solo pagan un 1% por sus beneficios frente al 30% de las sociedades. En España hay registradas unas 3.050 SICAV que gestionan un patrimonio de 23.778 millones de euros, con 405.084 accionistas, cuyos patrimonios están entre los más abultados del país.

“Existe un problema de equidad porque tributan muy poco y otro, de fraude”, señala Pérez-Boga, que defiende subir los tipos en un horquilla de entre el 5% o el 10%. “Deberíamos ir hacia un sistema de transparencia fiscal. En cuanto las SICAV tuvieran un ingreso se debería imputar a los socios y gravar esta operación sin necesidad de esperar a que venda su participación”.