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Los convenios sin renovar y sin visos de acuerdo acabarán en arbitraje

El pacto está pendiente de la ratificación por parte de la dirección de los agentes sociales

Manuel V. Gómez
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.EL PAÍS

La amenaza se aleja. Sindicatos y empresarios han pactado una solución para que los convenios no renovados continúen en vigor mientras se negocia para firmar uno nuevo, al menos siempre que haya posibilidades de acuerdo, y con un plazo definido previamente. Si una de las partes cree que el diálogo está roto, podrá recurrir a los mecanismos de mediación y arbitraje. La rúbrica del pacto se hará hoy. Con él, se esfuma la espada de Damocles que pendía sobre centenares de miles de trabajadores que se enfrentaban a la tesitura de perder el próximo 7 de julio el convenio que regula sus condiciones laborales (salarios, horarios, jornada anual, código disciplinario).

La reforma laboral supuso un cambio sustancial en la negociación colectiva en varios puntos. Uno de ellos fue el que puso fin a la prórroga indefinida con la que contaban los convenios en tanto no se firmaba uno nuevo, la redujo a 12 meses. El texto definitivo que se publicó el 7 de julio de 2012 daba un plazo de un año para renovar los convenios que ya habían caducado. Si transcurrido ese periodo, el 8 de julio de este año, no se ha firmado uno nuevo, el marco al que tendrán que sujetarse trabajadores y empresarios será el convenio de ámbito superior (el del sector; y si no lo hay, el Estatuto de los Trabajadores).

Para evitar el problema, que puede suponer un deterioro muy importante de las condiciones laborales, ambas partes comenzaron a buscar una salida el pasado abril. Los sindicatos reclamaron la extensión de la prórroga de forma automática durante otro año. Pero esta posibilidad fue rechazada por la patronal, que no quería oír hablar de plazos concretos. Al final el martes se alcanzó un acuerdo.

El pacto ponía fin a un mes y medio de negociaciones que se plasmaban en un texto de cuatro páginas y ocho puntos. En el sexto punto, llega la recomendación más significativa para los cuadros de las organizaciones sociales que están en las mesas de negociación: “Deberán comprometerse a seguir el proceso de negociación, garantizando durante la duración mutuamente acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio vencido”. La misma cláusula se completa dejando en manos de cada una de las partes la posibilidad de “decidir que la negociación está agotada” y solicitar una mediación o un arbitraje que resuelva el conflicto.

El siguiente punto del documento, al que ha tenido acceso este diario, apremia a los negociadores de los convenios que llevan dos años vencidos a “acudir de manera urgente a la mediación o el arbitraje” si el 8 de julio de 2013 no han llegado a un acuerdo.

En la introducción del texto, los agentes sociales dejan claro que en los convenios en los que se contempla la prórroga indefinida después de su finalización o plazos superiores al marcado legalmente, estas cláusulas no están anuladas por la reforma laboral.

El preacuerdo alcanzado el martes ha sido aprobado por los órganos de dirección de los agentes sociales y se firmará hoy por la tarde. En principio, lo rubricarán los negociadores de sindicatos —Ramón Górriz, CC OO, y Toni Ferrer, UGT— y patronal —José de la Cavada, CEOE, y Teresa Díaz de Terán, Cepyme—. El texto pasará a formar parte del pacto salarial que firmaron a comienzos de 2012 los agentes sociales.

Hay que tener en cuenta que el documento no aleja de forma definitiva la posibilidad de que haya convenios que dejen de aplicarse inmediatamente el 8 de julio. El contenido del pacto, en realidad, es un compromiso que las centrales y las patronales tratarán de aplicar en las diferentes conversaciones que hay en marcha. Pero esto no supone que se vaya a aplicar automáticamente, esa decisión corresponde a los quienes negocian en las empresas y los diferentes sectores, que tienen autonomía para seguir el consejo o no. Una prueba de esto es que para hoy en Cataluña hay convocada una huelga en bastantes sectores de actividad privada que este miércoles no fue desconvocada pese al acuerdo alcanzado en la víspera.

Conocer el número de trabajadores que podrían ver cómo sus condiciones laborales empeoran el próximo 8 de julio, no es fácil. Los sindicatos defienden que puede afectar a unos 2,5 millones; mientras que CEOE reduce el número a 1,5 millones. Para acabar con la discrepancia, ambas partes han reclamado conjuntamente —y vuelven a hacerlo en el texto— “información sobre los convenios y trabajadores afectados”. No obstante, no parece fácil que obtengan una respuesta rápida y precisa. Los datos sobre negociación colectiva en España adolecen de parcialidad y son manifiestamente mejorables, como han admitido reiteradamente los responsables del Ministerio de Empleo, tanto de este Gobierno como de los anteriores.

A pesar del acuerdo sobre contenidos, no parece que las dos partes den la misma relevancia al mismo. Mientras los sindicatos ayer eran partidarios de organizar un acto público con la firma del documento; la patronal prefería no dar más relevancia al hecho y habla de “compromiso operativo” para incorporar a los acuerdos de negociación colectiva ya existentes.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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