La CEOE prohíbe pagos a partidos políticos, cargos públicos o entidades

La CEOE tratará de evitar casos de corrupción y sobornos a través del Código Ético y de Buen Gobierno que ha aprobado por unanimidad la junta directiva en sesión extraordinaria. El presidente, Juan Rosell, deberá someterlo a la aprobación de la asamblea general el 19 de junio, a la que también se presentarán los nuevos estatutos que la junta tiene previsto abordar el 22 de mayo.

Pese a la trascendencia del asunto, la junta directiva (compuesta por 220 personas) ha contado con una baja afluencia. Hubo una alta participación, cuya aportación servirá, según el presidente, para perfeccionar el texto.

No obstante, apenas cambiará en lo sustancial. Y sustancial es que “la CEOE se declara contraria a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la organización para obtener algún beneficio mediante prácticas no éticas”. Añade: “Los directivos o afiliados deberán actuar conforme a las leyes y, en ningún caso, podrán recurrir a aceptar ni tolerar sobornos de/o hacia terceros”. Asimismo, prohíbe expresamente “realizar u ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido político o candidato a cargo público, con la intención de obtener o mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas”.

Según Rosell, “con este paso, los empresarios condenamos cualquier práctica irregular”. La patronal ha impuesto una serie de controles internos que permitan la buena gobernanza y transparencia, de cuya vigilancia se encargará la Comisión de Régimen Interno, que gana poder. “No es que queramos ser ejemplares, sino normales; hemos de dar ejemplo”, añadió Rosell, para poner el dedo en la llaga, consciente de la mala imagen dada en los últimos tiempos en casos como el de su antecesor Gerardo Díaz Ferrán o las dudas generadas en torno al vicepresidente Arturo Fernández: “Estamos en la casa de los empresarios, donde parece que muchas veces vale todo; ha habido muchos excesos y debemos apostar por ser más rigurosos”.

El nuevo código también establece que la junta directiva pueda apartar de sus cargos, por mayoría, a los empresarios inmersos en algún procedimiento penal. En ese sentido, obliga a comunicar a la citada comisión la apertura del mismo y poner el cargo a disposición de los órganos de gobierno.

También pone límites a la realización de declaraciones públicas. El código dice que se deberá contar con “la autorización necesaria para intervenir en nombre de la CEOE ante los medios de comunicación, participar en jornadas profesionales o seminarios, y en cualquier otro estamento que pueda tener una difusión pública siempre que aparezcan como empleados, cargos directivos o afiliados”.

El próximo miércoles se abordarán los nuevos estatutos, que limitarán a dos periodos de cuatro años los mandatos del presidente, que podrá ser sometido a una moción de censura si lo pide el 25% de la asamblea. En este punto no parece que haya controversia, que sí la hay en la intención de incorporar a empresas o reducir el número de vocalías de la junta directiva.