“Si me pagaran, respiraría y podría dormir tranquila”

Cristina Vega, de 36 años, está a 36.000 euros de ver cómo se desmorona su sueño: tener un rebaño y poder vivir de sus cabezas de ganado. La Generalitat valenciana le debe todo ese dinero, una subvención para jóvenes ganaderos, que ya debería haber abonado y que Cristina necesita urgentemente para sacar a flote su explotación. “Si me los pagaran respiraría y podría dormir tranquila por la noche”, relata en la zona de pastos que tiene asignada, un pedregal de la sierra de Andilla, en Jérica, a 70 kilómetros de Valencia.

El paisaje en el que Cristina pasa el día con su millar de cabras y sus dos perras pastoras —Pantera y Lluna— sobrecoge. “Esto era un vergel espectacular”, relata. Cuesta creerlo. Después de los devastadores incendios que asolaron la sierra el verano pasado, los montes están pelados. “Ahora, después de las últimas nevadas, es cuando está empezando a brotar algo”, apunta Cristina mientras sus cabras, menudas y delgadas por la falta de pasto, rebuscan y mastican los tallos que sobresalen de entre las piedras.

Si todo hubiera ido bien, Cristina podría haber ido vendiendo cabritos —“pagan entre 25 y 60 euros en lonja”, explica— y tener ingresos con los que echar adelante. Pero desde el principio, las cosas se torcieron. El mismo día de su estreno como ganadera, mientras esperaba al camión que le traía las cabras, el fuego arrasó el monte. Era el 28 de junio del año pasado.

El retraso en pagar las subvenciones amenaza muchas ganaderías

En ese momento comenzó un calvario que está recorriendo con su marido —un gruista en paro— y sus dos hijas de 18 y 16 años. Hasta octubre, las cabras permanecieron en un cercado próximo que había quedado a salvo de las llamas. A partir de entonces, pudo volver a sus pastos —lo poco que quedaban de ellos— mientras caían en saco roto sus peticiones de reubicación para poder alimentar a su rebaño en otra zona. Entre el incendio, las nevadas y la sequía, las cabras apenas han engordado.

Además de las extenuantes jornadas de pastoreo, Cristina trabaja ocasionalmente en una hamburguesería para ingresar algo de dinero. Su marido no encuentra nada. Los pequeños ingresos que obtiene con este empleo son el principal sustento de la familia y la fuente de los fondos con los que malpaga los préstamos que tienen. “Últimamente ya no puedo abonar toda la cuota”, relata. “Hay días que no se come. Yo pesaba 90 kilos y mira ahora; con cinco días sin apenas probar bocado tengo para un saco de pienso para las cabras jóvenes. Estoy dejando de comer yo por las cabras, no se puede hacer de otra forma”.

Las ayudas que ha solicitado —con cargo de la UE (22%), el Estado (38%) y la Generalitat (40%)— son las que se conceden para compensar la inversión de los ganaderos que ponen en marcha una explotación. Antes de que la crisis dejara tiritando las arcas públicas, no pasaban más de tres meses entre que se aprobaban y se pagaban, como apunta Joan Manuel Mesado, secretario técnico de la Unió de Llauradors i Ramaders, una de las principales asociaciones de agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana. A Cristina le concedieron la ayuda en mayo del año pasado, pero lo más probable es que no cobre en breve. “La gente que las pidió en 2010 está empezando a recibirlas ahora”, explica Mesado.

Cristina no puede esperar tanto. En julio tiene que hacer frente al alquiler anual de las algo más de 1.200 hectáreas de pastos y la nave que usa de establo. Por el primero paga 1.800 euros y por el segundo, 2.600 euros. En ambos casos, el arrendador es la Generalitat, lo que no deja de ser un cruel sarcasmo al tratarse de la misma Administración que le debe los 36.000 euros que le permitirían salir del bache en el que se encuentra. Cristina vive angustiada. No sabe de dónde va a sacar el dinero para pagarlo. “¿Qué voy a hacer?”, se pregunta.