La morosidad pública cierra empresas

La morosidad de las Administraciones públicas se ha convertido en una afilada daga en el corazón de las empresas. Las comunidades autónomas, los Ayuntamientos y el Estado acumulan facturas impagadas por más de 10.000 millones de euros, de los que 4.811 millones corresponden a deudas con autónomos y pequeñas empresas (pymes), según datos recientes de la federación de autónomos (ATA). El tiempo medio de pago de las Administraciones asciende a 148 días, cinco veces más de lo recomendado por Bruselas. En 2012, el plazo de pago del Estado se elevó hasta los 60 días.

Detrás de esta situación hay miles de historias personales cargadas de sufrimiento. En algunos casos, los impagos se traducen en el cierre de negocios familiares, en otros las subvenciones que no llegan ponen al límite la viabilidad de la empresa. Incluso hay quien no tiene más remedio que hipotecar sus bienes para compensar las deudas de la Administración.

La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria lastraron la recaudación pública. Los impuestos vinculados a la construcción, fundamentales para comunidades y municipios, se han desplomado más de un 25% en los últimos años. El abultado déficit público generó desconfianza en los mercados. A mediados del año pasado estos cerraron el grifo a las Administraciones. Los presidentes regionales y alcaldes, a su vez, aplazaron pagos y los proveedores se convirtieron en prestamistas de la Administración a costa de su supervivencia. Farmacias, pequeñas empresas de construcción y otros suministradores dejaron de cobrar puntualmente y acumularon recibos pendientes.

Detrás de las deudas se encuentra el sufrimiento de miles de familias ahogadas por los retrasos

A principios del año pasado la situación se volvió insostenible. Se multiplicó el cierre de empresas y algunas comunidades tuvieron que pedir ayuda al Estado para hacer frente a sus pagos. Para aliviar la situación, el Gobierno puso en marcha un plan de pago a proveedores con el que pretendía reducir la deuda comercial de las Administraciones y sacar a la luz facturas olvidadas en los cajones. El plan estatal sirvió para que los Ayuntamientos pagaran 1,8 millones de facturas por un importe de 9.598 millones de euros y las comunidades autónomas liquidaran 3,7 millones de facturas por 17.704 millones de euros.

Pero este plan tenía limitaciones: solo permitía incluir facturas contabilizadas hasta el 1 de enero de 2012. Tampoco se admitían certificados de obra, ni convenios, concesiones o algunos contratos de obras públicas o servicios públicos. Las facturas de las universidades y empresas públicas también se excluyeron. Además, muchas Administraciones acumulaban retrasos en su contabilidad lo que dejó fuera del plan gubernamental numerosos recibos de finales de 2011. La bola de nieve de impagos volvió a crecer con rapidez. Los gobernantes regionales se excusan en que el Gobierno les limita el endeudamiento y por eso tienen dificultades para pagar a los proveedores.

Para frenar la morosidad, a finales del año pasado el Ejecutivo puso en marcha otro mecanismo para las autonomías: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que se liquidó deuda con acreedores por 1.100 millones, pero también resultó insuficiente. Ahora, el Ministerio de Hacienda prepara un nuevo plan de pago a proveedores, dotado con unos 15.000 millones. El ministro Cristóbal Montoro ha vinculado este nuevo programa a la nueva directiva sobre morosidad: el pasado 16 de marzo entró en vigor una normativa europea que obliga a la Administración pública a pagar en menos de 30 días y eleva los intereses de demora al 8%.

Entre las opciones que baraja el Gobierno está un mecanismo para que los proveedores de las entidades públicas puedan dirigirse a Hacienda para cobrar sus facturas si estas han superado el límite de pago fijado por Bruselas. El Gobierno retiraría estas cantidades de la participación en los ingresos del Estado a la comunidad o Ayuntamiento afectado.

Otro de los problemas detectados por Hacienda es que las comunidades y Ayuntamientos tardan demasiado tiempo en contabilizar las facturas. La burocracia autonómica y local provoca que, en ocasiones, transcurran meses desde que reciben la entrega del producto o del servicio hasta que se contabiliza y se ordena el pago desde la intervención. Por eso, el Gobierno está impulsando las centrales de compras en las comunidades. Así, en cuanto un suministrador emita una factura esta podrá ser contabilizada y transcurrirá menos tiempo desde que se ordene el pago.