600 accionistas de Bankia reclaman la responsabilidad del Banco de España

Casi 600 accionistas de Bankia presentan por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Banco de España por no haber realizado de forma efectiva su labor de supervisión y regulación en el proceso de fusión de Bankia y su posterior salida a Bolsa, empeñándose en “una estrategia equivocada”, lo que provocó graves perjuicios económicos a los demandantes.

La reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, se extiende también de forma solidaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por no haber cumplido con la “exigencia de requisitos elementales para una salida a Bolsa” y al Ministerio de Economía por no haber sido capaz “calibrar el devastador efecto de las políticas públicas de estabilización financiera”.

29 pequeños accionistas presentaron ayer la reclamación de responsabilidad patrimonial de la entidad bancaria que vendieron sus participaciones “con ocasión del colapso y nacionalización de Bankia” con la intención de, como los hechos posteriores han demostrado con creces, “minimizar sus pérdidas”.

A finales de mes 565 accionistas presentarán otra reclamación ante los mismos actores. Para los demandantes, la salida a Bolsa de Bankia es el “precipitado final de un conjunto de decisiones torpes adoptadas por los gestores de la entidad, que se vieron arropados, jaleados e incentivados por unos supervisores financieros empeñados en una estrategia equivocada en relación con el proceso de saneamiento y rescate”, especialmente por el Banco de España, máximo órgano supervisor del país.

Los afectados consideran que la fusión de Bankia y su rápida salida a cotización se realizó sin las garantías de control e información exigibles a los tres órganos supervisores

En este sentido se señala en el escrito presentado que “las previsiones empleadas para contener el deterioro de Bankia en el contexto de una severa recesión económica provocaron exactamente lo contrario, la aceleración de su quebranto patrimonial, más severo y dañino cuanto más se intentaba su ocultación”.

Asimismo, los reclamantes entienden que “la misma creación de Bankia constituye una equivocación sin precedentes, al incrementar exponencialmente el riesgo sistémico de la entidad conforme se agregaban cajas de ahorro por sí mismas inviables”.

Los afectados consideran que la fusión de Bankia y su rápida salida a cotización se realizó sin las garantías de control e información exigibles a los tres órganos supervisores, que, en lugar de cumplir su función, generaron “una apariencia de credibilidad, de solvencia” de la entidad ante los clientes habituales, la gran mayoría depositantes y cuentacorrentistas, que no se ajustaba a la realidad.

Es decir, que “todo el entero proceso de reestructuración e intervención de Bankia demuestra un comportamiento de los supervisores financieros frontalmente contrario a los estándares de regulación prudencial que, desde hace tiempo, rigen la actuación de estas instancias a nivel internacional”.

En el documentado y fundamentado escrito presentado se destaca el “especial cuidado en el ejercicio de sus competencias” que deberían haber tenido los supervisores financieros al tratarse de un caso en el que las “asimetrías informativas” entre el vendedor, Bankia, y los compradores, muchos de ellos pequeños ahorradores, eran más que notables.

Esta falta de información por una de las partes lleva a alegar a los reclamantes que la regla general de que la responsabilidad de una compra recae en el comprador no puede aplicarse en este caso.

El resultado fue que muchos de los clientes de la entidad, la mayoría “público inversor minorista y poco cualificado”, las “víctimas más indefensas y, por tanto, más fáciles”, entraran sin una información solvente a la compra de acciones que hoy se han convertido en papel mojado.

La reclamación detalla que, en “caso de que no sea posible determinar el grado de participación de cada una” de las tres administraciones públicas “en la causación del daño”, se reclamará “la responsabilidad solidaria de todas ellas frente a los perjudicados”.

En el escrito presentado ayer se solicita la comparecencia de, entre otros, Rodrigo Rato, ex presidente de BFA y Bankia; Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España; Julio Segura Sánchez, ex presidente de la CNMV, y Javier Aríztegui, ex subgobernador del regulador financiero y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).