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La decisión del TC sobre los trabajadores a tiempo parcial costará 1.900 millones

La fórmula de cálculo fue tumbada por el alto tribunal por considerarla discriminatoria

El secretario de Estado de la Seguridad Social considera "inasumible" el gasto

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. EL PAÍS

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la forma en que se calculaba el tiempo cotizado en empleos a media jornada no le saldrá gratis a la Seguridad Social. La factura ascenderá a 1.900 millones, según sus propios cálculos. No obstante, el propio instituto público espera reducir su coste pactando cuanto antes una nueva fórmula con agentes sociales y grupos de oposición.

Hace dos semanas el Alto Tribunal dictó que el cálculo usado hasta entonces era inconstitucional por “lesionar el derecho a la igualdad [...], y a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo”. Eso supone que se abre la puerta a decenas de miles de reclamaciones denegadas hasta el momento que le costarían a la Seguridad Social unos 1.500 millones. A ellos habría que sumar unos 100 millones más al año. Lo que al final, según ha cifrado el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se acabará traduciendo en un incremento del gasto anual de unos 1.900 millones, cantidad equivalente al 1,7% de gasto en pensiones contributivas presupuestado para este año. “No hay lugar a dudas del potente impacto económico sobre el sistema que supone esta sentencia”, sostuvo Burgos.

Antes de la sentencia para calcular lo que había cotizado un empleado a tiempo parcial se computaba cada cinco horas cotizadas como 1,5 días. Ahora esta fórmula está derogada, y la Seguridad Social emplea otra en la que cada día trabajado equivale a un día cotizado, independientemente de las horas trabajadas. Este sistema, admitió Burgos, también genera desigualdad y es el que puede acabar costando la factura inicial de 1.500 millones. Sin embargo, hay incertidumbre sobre este punto: el Constitucional dejó en manos de los diferentes juzgados donde se están dirimiendo las reclamaciones actuales qué procedimiento de cómputo utilizar.

A la vista de esto, la Seguridad Social está buscando fórmulas para minimizar el impacto de la sentencia en sus arcas. Por este motivo, el martes los responsables de Empleo se reunieron por la tarde con los agentes sociales. Entre tanto, y para ganar tiempo, la Seguridad Social se plantea apurar los plazos de reconocimiento legal. Según la norma desde que se solicita una pensión hasta que se reconoce el derecho a cobrarla hay un plazo ordinario máximo de 90 días que puede irse hasta los 135 días. “Este margen de maniobra que puede ser útil para no causar al sistema más lesión económica de la que ya de por si puede verse obligado a afrontar”, justificó el secretario de Estado.

El PSOE, en este punto, exigió a Burgos que no use la sentencia del Constitucional para endurecer el acceso a la jubilación como ya ha hecho con el retiro parcial y el anticipado. Mientras tanto, CiU exigió que no se “minimice” las consecuencias de la sentencia.

Las críticas más duras a Burgos procedieron de Izquierda Plural, que reprochó al Gobierno que haya encargado un informe sobre el factor de sostenibilidad creando un grupo de expertos en el que hay varios de ellos que están ligados al sector de las aseguradoras. Esto, para su portavoz, Joan Coscubiela, sirvió para vaticinar que no acabará bien.

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