El Gobierno quiere eliminar las ayudas a los promotores de alquiler social

Malas e inesperadas noticias para los promotores, sean públicos o privados, que construyen pisos de alquiler social. El proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en trámite en el Senado, contempla la eliminación de las ayudas que reciben. Se trata, por un lado, de cantidades por metro cuadrado construido; y, por otro, de ayudas en las cuotas hipotecarias que pagan estos promotores (la subsidiación de los intereses de los préstamos, incluso los que ya se abonaban) durante 10 años, 15, 25 o lo que dure la hipoteca.

Esto significa que si un promotor o una empresa pública de vivienda había hecho números para construir alquiler social, estas cuentas saltan por los aires, porque pierde las ayudas con las que contaba para pagar la hipoteca. “Nos cambian las reglas a mitad del partido, crea una gran inseguridad jurídica”, alertó ayer el presidente de la Asociación de Promotores Constructores (APCE), José Manuel Galindo, que aseguró que puede haber promotores que sin la subsidiación de intereses “no podrán amortizar, pagar”.

El directivo de la Asociación Española de Promotores de Vivienda Pública (AVS), Antoni Sorolla, alerta de que la supresión de ayudas “compromete la viabilidad de las promociones públicas de alquiler social y de las empresas municipales o de las comunidades autónomas”. “Es tremendo y se ha hecho a escondidas, crea una inseguridad muy bestia”, coincide con Galindo.

Por una vez, promotores privados y públicos —incapaces ayer de cuantificar las promociones que pueden estar afectadas, porque afecta a planes de vivienda antiguos— critican al unísono el cambio legislativo que pretende introducir el PP y claman que se reconsidere. La modificación, además, ha aparecido 10 días después de la presentación del Plan Nacional de Vivienda, en forma de enmienda al proyecto de ley cuando ya había pasado por Consejo de Ministros y por el Congreso. Las fuentes consultadas aseguran que incluso la banca está en alerta, temerosa de que se les dispare la morosidad de estos promotores.

Fuentes del Ministerio de Fomento defienden la “vocación social del Plan de Vivienda de satisfacer las necesidades de la población con menos recursos” y resaltan que no se tocan las ayudas para inquilinos. A la preocupación sobre la subsidiación al préstamo responden que “el euríbor ha bajado y que los promotores podrán renegociar y mantener las condiciones”.

Desde APCE, Galindo insta al Gobierno a retirar la enmienda e iniciar una “reflexión más sosegada sobre los efectos que la supresión de ayudas puede suponer”. El presidente de los promotores insiste en que la supresión de la subsidiación puede afectar “desde las líneas de crédito del ICO o los bancos que hayan prestado a los inversores que hayan comprado carteras”.

El director general de la empresa Cevasa, Donato Muñoz, asegura que los promotores se sienten “engañados”. “Hemos pagado el suelo y las licencias en base a una viabilidad muy justa, pero factible a 25 años vista y ahora incumplen su parte. Es una inseguridad enorme”, afirma. En Barcelona, el mismo alcalde, Xavier Trias, ha escrito a la ministra expresando su preocupación por el futuro de las empresas municipales de vivienda.

El Gobierno catalán ha estimado que la nueva ley afectará a 22.000 pisos en Cataluña (el 20% del total, según los cálculos del Secretario de Vivienda, Carles Sala) y tendrá un impacto de 600 millones de euros. “Si se aprueba la enmienda se comprometen las políticas sociales de vivienda del Gobierno catalán y supone poner en grave riesgo a los promotores, es el golpe de gracia”, destaca Sala.