Precariedad financiera

La eurozona sigue siendo un campo de minas. A pesar de las mejoras en los últimos meses, la vulnerabilidad persiste: “La estabilidad financiera no está asegurada”, según el informe del FMI (Financial System Stability Assesment), difundido antes del desenlace de la crisis de Chipre y del dictamen del Tribunal Constitucional de Portugal. Aquel bucle diabólico, que subrayábamos en estas mismas páginas hace meses como compendio de las amenazas sobre las economías periféricas y, en última instancia, de la viabilidad de la propia unión monetaria, sigue activo. Es verdad que dos de sus tres principales tractores —la crisis de la deuda pública y la crisis bancaria— han atenuado su intensidad, pero siguen latentes. Y, en todo caso, su estrecha vinculación con la tercera crisis, la recesión con que hemos iniciado el año en el conjunto de la eurozona. Cuanto más se tarde en abandonar ese territorio de crecimiento negativo más difícil será la normalización de la actividad bancaria y la de los mercados de deuda pública. El círculo vicioso puede en cualquier momento acelerar su perversa realimentación.

En esa situación de calma chicha que preside la escena financiera, son las cotizaciones de la deuda pública las que por el momento presentan menos amenazas. Pero de ningún modo puede considerarse como normalizada la situación en esos mercados, ni mucho menos considerarlos expresivos de la ausencia de segmentación financiera. Desde mediados del pasado julio, y más concretamente desde el aviso del BCE del 6 de septiembre, mostrando su disposición a enmendarles la plana a los mercados de bonos que cotizaban la fragmentación de la eurozona, los títulos de España e Italia se encuentran en niveles más soportables, apoyados recientemente en la actitud mucho más laxa del Banco de Japón. De todas formas, las diferencias con los correspondientes a Alemania siguen denunciando una situación anómala, impropia de una unión monetaria. Pagar casi un 5% por endeudarse a 10 años frente al 1,2% del tesoro alemán no es para estar contentos. El saneamiento de las finanzas públicas exige que la factura por intereses de la deuda pública se reduzca de forma significativa por debajo de esos 38.600 millones de euros que están consignados en los Presupuestos Generales del Estado para este año.

El segundo exponente de precariedad financiera, ajeno al anterior, lo encontramos en las dificultades de algunos sistemas bancarios para normalizar la inversión crediticia. España vuelve a ser un caso representativo. Claro que se ha avanzado tras la recapitalización de las entidades que lo precisaban con parte de la línea de crédito que concedieron las instituciones europeas. Pero ese fortalecimiento de los recursos propios de los bancos no ha eliminado las amenazas a medio plazo. En concreto, las derivadas de una economía que no crece y crecerá poco en los próximos años; de un desempleo que tardará en bajar del nivel actual y de un volumen de deuda de las empresas y de las familias que sigue siendo incompatible con la completa solvencia. La morosidad, y en general los activos dañados, seguirán creciendo, al menos en lo que queda de año, desde los niveles históricamente elevados en que se encuentra hoy. Tal como apuntaba Daniel Manzano en estas mismas páginas, las operaciones de refinanciación y reestructuración de préstamos pueden ser algo más que indicios de morosidad adicional a la contabilizada de forma convencional. La verdad es que no resulta muy fácil hacer banca al por menor en estas condiciones. Y la concentración que ha tenido lugar en algunos sistemas bancarios no es por sí sola una garantía de reducción de la vulnerabilidad, como subraya el FMI. Ni de la definitiva ruptura del vínculo perverso entre riesgos bancarios y riesgos soberanos.

De ningún modo puede considerarse como normalizada la situación en esos mercados, ni mucho menos considerarlos expresivos de la ausencia de segmentación financiera

La fragmentación financiera también se manifiesta en los desiguales costes financieros que soportan las empresas de la eurozona. Los bancos siguen divididos entre los que prestan en condiciones normales y aquellos de la periferia que siguen racionando el crédito y aplicando condiciones mucho más onerosas. En España e Italia, las empresas pequeñas y medianas siguen pagando mucho más por la financiación bancaria, la única prácticamente disponible, que las de Alemania o Francia: entre 3 y 4 puntos porcentuales adicionales para operaciones de crédito homogéneas, según diversas estimaciones. Y eso no favorece la inversión y el empleo precisamente. En mayor medida si tenemos en cuenta que en los dos países del sur las pequeñas y medianas empresas disponen de un mayor peso específico en la actividad económica que en los del centro y norte de Europa. Tampoco debería ser un elemento tranquilizador para el BCE, que de forma explícita ha manifestado su propósito de luchar por la correcta transmisión de su política monetaria y la reducción de la segmentación financiera. En realidad, las decisiones relajadoras del BCE, menos contundentes que las de otros bancos centrales, no se han trasladado en la misma cuantía a las distintas economías de la eurozona.

El tercer elemento de precariedad financiera lo encontramos en la inquietud que ha dejado el desenlace de la crisis de Chipre. Lejos de fortalecer la confianza en la capacidad de gestión de las instituciones europeas y, en definitiva, en los sistemas bancarios, el recelo ha aumentado. No solo porque llegaran a cuestionar el compromiso del seguro de depósitos hasta esos 100.000 euros acordados por el Eurogrupo en octubre de 2008, sino por los subsiguientes controles a los movimientos de capital. Ha sido la primera vez en la historia de la unión monetaria que se limita la libre movilidad de la riqueza financiera de los ciudadanos y empresas creando un elemento adicional de segmentación financiera. Y por distinta que sean las situaciones en otros países, y desiguales las dimensiones relativas de sus sistemas bancarios, es inevitable asumir el precedente y evocar de nuevo el refranero, poniendo a remojo las barbas de algunos vecinos. La solvencia bancaria y la de los correspondientes Gobiernos han vuelto a ser objeto de atención de analistas e inversores. Y las eventuales exigencias adicionales de capital a los bancos, al igual que otros factores generadores de incertidumbre reguladora, en circunstancias como las actuales no favorecen la definitiva normalización de la actividad crediticia.

Reducir esas manifestaciones de precariedad financiera debería obligar a las autoridades europeas a revisar algunas políticas económicas adoptadas y fortalecer otras apenas enunciadas con el fin de garantizar una mayor estabilidad financiera y la consiguiente confianza en los operadores financieros. Entre las primeras, la aplicación de austeridad a ultranza en la conducción de las finanzas públicas, en especial las de las economías inmersas en una continuada y pronunciada recesión. En ausencia de inflación, la política monetaria también ha de flexibilizarse adicionalmente. Entre las segundas, la necesidad de acelerar la transición a la unión bancaria, en los términos avanzados en el Consejo Europeo del pasado diciembre: una supervisión común, un mecanismo de resolución de crisis y, desde luego, un sistema fiable de seguro de depósitos. Y, en última instancia, la unión fiscal, garantía de reforzamiento de la anterior. Son condiciones necesarias no solo para reducir la precariedad y fragmentación financiera todavía vigentes, sino para asegurar la viabilidad de la propia unión monetaria, la unicidad del mercado de servicios financieros en la región y, no menos importante, la correcta transmisión de la política monetaria.